La presidenta Claudia Sheinbaum descartó instruir acciones ministeriales contra el empresario Jorge Amílcar Olán Aparicio, tras revelarse su localización residencial en Suiza. La mandataria estableció que cualquier carpeta de investigación que inicie la Fiscalía General de la República (FGR) o las fiscalías estatales debe sustentarse en pruebas técnicas y no en señalamientos mediáticos.
Durante su conferencia matutina, el Ejecutivo federal condicionó el avance de cualquier proceso por presunto huachicol fiscal o irregularidades administrativas a la integración estricta de elementos probatorios. Aclaró que su administración no solicitará al órgano autónomo investigar al contratista, apelando a los procedimientos jurisdiccionales ordinarios aplicables a cualquier ciudadano.
La postura gubernamental coincide con la determinación procesal de la propia fiscalía federal. Días previos al pronunciamiento presidencial, la dependencia confirmó oficialmente la inexistencia de una orden de aprehensión activa contra Olán Aparicio, así como la ausencia de indagatorias formales contra familiares del expresidente de la República.
Ubicación en el extranjero
El debate institucional sobre el caso se reactivó tras un seguimiento periodístico que documentó el paradero del empresario en Lugano, Suiza. Un reporte de la cadena televisiva TV Azteca ubicó la residencia actual del contratista, quien mantiene un bajo perfil operativo en el país europeo tras abandonar el territorio nacional, hecho que detonó los cuestionamientos directos en Palacio Nacional.
Historial de adjudicaciones
Olán Aparicio acumuló diversos señalamientos públicos durante la pasada administración federal por esquemas de adjudicación directa. Destaca su participación operativa como proveedor de balasto para el Tren Maya, así como la obtención de contratos estatales por más de 295 millones de pesos en Quintana Roo, cuyos registros fueron retirados posteriormente de la Plataforma Nacional de Transparencia.
Redes de operación
Adicionalmente a las operaciones de obra pública y adquisición de inmuebles exclusivos, audios filtrados recientemente vincularon al empresario con operaciones logísticas de una célula del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Los registros apuntan a una presunta asociación enfocada en esquemas de extorsión y trasiego de combustibles.
Ante estos expedientes, Sheinbaum Pardo minimizó la validez de los reportes externos como detonantes de una acción penal oficiosa. En su lugar, cuestionó la línea editorial de la empresa de comunicación que presentó el caso, deslindando al gobierno federal de iniciar un proceso judicial por los contratos otorgados durante el sexenio pasado.
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