El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados solicitó formalmente la realización de un parlamento abierto previo a la dictaminación de la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral. El coordinador de la bancada, Rubén Moreira Valdez, dirigió la petición al presidente de la Comisión de Transparencia y Anticorrupción, Ricardo Sóstenes Mejía Berdeja.
La iniciativa, presentada el pasado 8 de septiembre por el Ejecutivo Federal, plantea la creación de los Planes Nacionales Catastral y Registral. El documento propone establecer la interoperabilidad de plataformas informativas y la homologación de trámites relacionados con la propiedad inmobiliaria en todo el territorio nacional.
Para la fracción tricolor, el proyecto oficialista presenta elementos inconstitucionales al contravenir el artículo 115 de la Constitución. Los legisladores argumentan que dicha normativa otorga explícitamente la competencia y facultades en materia catastral a los municipios, atribución que la nueva propuesta trasladaría a esferas federales.
Subordinación de autonomía municipal
El análisis previo de la bancada señala que el diseño institucional propuesto facultaría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones para definir unilateralmente los estándares operativos. Estas plataformas y modelos técnicos serían de adopción obligatoria para los gobiernos estatales y municipales.
Moreira Valdez advirtió que este mecanismo subordinaría la autonomía municipal a lineamientos técnicos emitidos por una instancia administrativa federal. El legislador subrayó que ni la dependencia propuesta, ni el Congreso de la Unión poseen facultades exclusivas para normar contribuciones, atribución que corresponde constitucionalmente a los congresos locales.
Consulta a pueblos originarios
Ante estas consideraciones, la petición formal de parlamento abierto busca integrar mesas de análisis con especialistas en derecho constitucional, federalismo y sistemas de información. El objetivo es evaluar el rigor técnico del proyecto junto con autoridades locales directamente responsables de su implementación operativa.
Adicionalmente, el documento entregado a comisiones cuestiona la integración de la propiedad social a la Plataforma Nacional Catastral proyectada. En este sentido, la bancada solicitó informar si el proyecto incluyó una consulta previa a pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
En caso de omisión, los legisladores exigieron reponer el procedimiento conforme a las obligaciones constitucionales y convencionales internacionales antes de avanzar con cualquier dictamen legislativo.
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