La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados suspendió la reunión ordinaria y de Junta Directiva en la que se tenía programado el análisis y eventual aprobación del dictamen conocido como Ley Antimemes.
El presidente de dicho órgano colegiado, el diputado Miguel Salim, notificó la cancelación del encuentro legislativo pasadas las 14:00 horas del 22 de septiembre de 2026. La propuesta plantea aplicar sanciones económicas de hasta 4.6 millones de pesos, así como la obligación de retirar de manera inmediata plataformas digitales y redes sociales cualquier contenido que utilice la imagen, voz, música o videos alterados mediante Inteligencia Artificial sin la autorización expresa de los titulares de los derechos de autor.
La decisión de frenar el debate se dio de forma posterior a las posturas de rechazo expresadas por las bancadas del Grupo Parlamentario del PRI y de Movimiento Ciudadano, las cuales advirtieron que el alcance de la regulación vulnera los derechos fundamentales y la libertad de deliberación en el entorno digital.
Durante los pronunciamientos en el recinto legislativo de San Lázaro, el coordinador del PRI, Rubén Moreira Valdez, señaló que la medida intenta acotar el ejercicio de la libertad de expresión y la fiscalización ciudadana, asegurando que la fiscalización sobre las redes sociales rebasa las facultades constitucionales e impacta directamente sobre las garantías parlamentarias.
Posturas en el recinto legislativo
Por su parte, la vicecoordinadora de la bancada de Movimiento Ciudadano, Laura Ballesteros, afirmó que la iniciativa representa un mecanismo de control estatal impulsado desde la mayoría parlamentaria. La legisladora sostuvo que el proyecto legislativo responde a un intento por restringir la crítica pública y el contraste de ideas entre la ciudadanía.
En tanto, el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Raúl Bolaños Cacho Cué, se pronunció de manera individual respecto al debate en materia de contenidos digitales, señalando la necesidad de salvaguardar las garantías institucionales para el ejercicio periodístico y el debate público.
Alcance de las medidas cautelares y marco legal
El proyecto de reforma ha generado debate entre los grupos parlamentarios debido a los mecanismos de remoción expedita de material digital, al considerar que la imposición de medidas cautelares administrativas sobre las publicaciones en redes sociales podría sentar un precedente directo en la regulación de la libertad de expresión en México.
La Comisión de Economía, Comercio y Competitividad no fijó una fecha posterior para reanudar los trabajos de la Junta Directiva, por lo que el dictamen permanecerá en revisión técnica dentro del Palacio Legislativo de San Lázaro.
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