La Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) incursionará en la edificación de infraestructura médica con la construcción de un hospital del IMSS-Bienestar en el municipio de Ures, Sonora, obra que requerirá una inversión inicial de 498 millones de pesos.
Esta nueva atribución institucional deriva de las recientes modificaciones a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal aprobadas por el Congreso. El mandato legal establece que la dependencia federal deberá ejecutar estos proyectos sin requerir fondos adicionales a los ya aprobados en el Presupuesto de Egresos.
El concurso público para la licitación, difundido a través de la plataforma Compras MX, contempla un plazo de ejecución de 273 días naturales. De acuerdo con las bases del procedimiento, se proyecta que los trabajos de diseño y construcción inicien en septiembre de 2026 para concluir en abril de 2027.
La unidad médica operará como un complejo de Segundo Nivel de Atención para beneficiar a 64 mil 969 habitantes que carecen de seguridad social. Las instalaciones incluirán áreas de Consulta Externa, Auxiliares de Diagnóstico, Hospitalización, así como zonas de Gobierno y Enseñanza.
El desarrollo de esta infraestructura sanitaria forma parte integral del Plan de Justicia en la cuenca del Río Sonora. La política busca resarcir las demandas de las comunidades afectadas por el derrame de sustancias tóxicas registrado en la región hidrológica durante 2014.
Exigencias técnicas y posturas legislativas
Para mitigar riesgos operativos, la convocatoria exige a los consorcios concursantes —entre los que se encuentran Integmev, Constructora Germer y Grupo Comercial Mira— acreditar un mínimo de cinco años de experiencia comprobable en la edificación de hospitales públicos o privados.
Durante la discusión parlamentaria que otorgó estas facultades, el Partido Revolucionario Institucional votó en contra del dictamen. La bancada argumentó que la SICT carece de especialización técnica en arquitectura hospitalaria y advirtió que la reasignación de funciones eleva los riesgos de opacidad en el manejo de recursos públicos.
La reconfiguración de la dependencia consolida un modelo administrativo similar al aplicado con la Secretaría de la Defensa Nacional durante la administración anterior. Dicho esquema se caracteriza por transferir el desarrollo de proyectos de infraestructura a dependencias gubernamentales fuera de su ámbito de competencia original.
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