Un grupo de expertos de la Organización de las Naciones Unidas concluyó en un documento publicado este jueves que la privación de la libertad del expresidente peruano Pedro Castillo es arbitraria. El organismo internacional determinó que la medida pertinente ante esta situación consiste en otorgarle la libertad inmediata al exmandatario, así como concederle una indemnización económica y otros mecanismos de reparación conformes al derecho internacional.
Irregularidades en el arresto y proceso legal
El dictamen fue emitido por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de las Naciones Unidas, el cual evaluó el caso durante su 104 periodo de sesiones. Los especialistas concluyeron que la captura inicial de Castillo, efectuada el 7 de diciembre de 2022 por su propia escolta policial mientras se trasladaba a la embajada de México en Lima, omitió el procedimiento especial establecido en la legislación peruana para procesar a un jefe de Estado en funciones.
El reporte técnico especificó que se incurrió en transgresiones a los artículos de la Declaración Universal de Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. De acuerdo con el grupo de expertos, el exmandatario fue conducido a una estación policial en lugar de ser presentado ante el Parlamento, institución que aprobó su destitución horas después de la detención. Asimismo, el documento señala que el Estado peruano no justificó la prolongación de la prisión preventiva, la cual se extendió por casi tres años.
Falta de garantías y situación jurídica actual
La evaluación internacional enfatizó que el procesado no dispuso de las garantías mínimas para un juicio justo. Las anomalías descritas incluyen la falta de acceso oportuno a un abogado de su elección, la insuficiencia de tiempo para que la defensa estructurara una estrategia legal y el incumplimiento del derecho a recibir un veredicto por parte de un tribunal imparcial.
En el plano judicial interno, Castillo recibió una sentencia de más de 11 años de cárcel por el delito de conspiración para la rebelión tras su intento de disolver el Congreso, fallo que actualmente se encuentra bajo un proceso de apelación promovido por sus abogados. De forma paralela, las autoridades judiciales lo investigan por presuntos actos de corrupción durante su administración. Hasta la fecha, las instituciones competentes han rechazado seis solicitudes de indulto presentadas a su favor.
Contexto político e institucional
La destitución del expresidente en 2022 generó una serie de protestas sociales en la región andina que provocaron el fallecimiento de 50 civiles durante los operativos de la policía y el ejército.
En el ámbito gubernamental, el presidente interino de Perú, José Balcázar, declaró a la emisora local RPP que su despacho no ha recibido peticiones formales de indulto o gracia presidencial en beneficio del exmandatario, aunque precisó que mantiene la facultad constitucional de otorgar dicho beneficio a cualquier sentenciado si la ley lo autoriza. El escenario coincide con la proximidad de la transición presidencial hacia la administración de la presidenta electa Keiko Fujimori, quien asumirá el cargo el 28 de julio tras vencer en el balotaje al candidato Roberto Sánchez, cuya plataforma electoral incluía la liberación de Castillo.
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