El ciudadano mexicano Efraín Zúñiga, de 38 años de edad, se declaró culpable este lunes ante un tribunal federal del estado de Texas por el delito de conspiración para traficar migrantes hacia los Estados Unidos. El procesado, quien fue extraditado desde México, es señalado por el Departamento de Justicia estadounidense de formar parte de una red internacional que facilitó el ingreso ilegal de miles de personas procedentes de Asia y Latinoamérica. Tras la aceptación de los cargos, el imputado enfrenta una pena potencial de hasta diez años de prisión.
Operación y ganancias de la red clandestina
De acuerdo con el informe oficial del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, la organización delictiva operó entre noviembre de 2020 y septiembre de 2023, periodo en el que generó beneficios financieros de hasta 30 millones de dólares. Las investigaciones ministeriales determinaron que la red cobraba tarifas individuales que oscilaban entre los 6 mil 500 y los 12 mil dólares por cada migrante introducido de forma ilícita al territorio norteamericano.
La acusación formal detalla que las funciones específicas de Zúñiga consistían en administrar una casa de seguridad clandestina en Monterrey, Nuevo León, desde donde coordinaba la logística de traslado. Para movilizar a las personas a través de la frontera sur estadounidense, la organización utilizaba a guías en el terreno comúnmente denominados «coyotes».
Proceso judicial y cómplices detenidos
El historial procesal del acusado comenzó con su imputación formal en septiembre de 2023. Posteriormente, en octubre de 2024, fue arrestado en territorio mexicano a petición del gobierno estadounidense para dar inicio a los trámites de su extradición hacia Texas.
Las autoridades judiciales de los Estados Unidos confirmaron que mantienen bajo custodia a otros dos integrantes de la misma estructura delictiva. Entre ellos se encuentra Mónica Hernández Palma, extraditada desde México en el año 2025, y el ciudadano hondureño Enil Edil Mejía Zúñiga, quien ya recibió una sentencia condenatoria de 120 meses de prisión dictada por un juez federal en julio de 2025.
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