Las diputadas federales Ana González González y Mónica Sandoval Hernández presentaron una iniciativa para crear la Ley General para la Regulación y Uso Ético de la Inteligencia Artificial en México. El proyecto de ley propone establecer un marco regulatorio integral que norme el desarrollo, aplicación y supervisión de los sistemas automatizados en el territorio nacional.
El objetivo central de la propuesta legislativa consiste en mitigar vulnerabilidades que afecten a la ciudadanía, entre las que se enlistan la discriminación algorítmica, la invasión a la privacidad y la falta de transparencia en los procesos de toma de decisiones automatizadas. Las legisladoras del Grupo Parlamentario del PRI argumentaron que el crecimiento de esta tecnología en los sectores cotidianos del país hace necesaria una intervención jurídica especializada.
Enfoque de derechos humanos y certeza jurídica
A través de la propuesta, se busca fijar responsabilidades legales para usuarios, empresas e instituciones encargadas del desarrollo e implementación de estas herramientas digitales. Según las proponentes, la ausencia de normatividad actual propicia un entorno de incertidumbre que puede comprometer las garantías individuales.
“El Estado tiene la obligación de proteger los derechos humanos frente a riesgos derivados del uso indiscriminado de tecnologías automatizadas, especialmente en temas de privacidad, protección de datos personales, discriminación algorítmica y transparencia en decisiones automatizadas”, manifestaron las diputadas en la exposición de motivos del documento.
Alineación con el entorno internacional
La iniciativa plantea un modelo de supervisión estructurado bajo un enfoque basado en riesgos, diseñado para identificar y contener de forma preventiva amenazas a la seguridad o privacidad de la población. Asimismo, las legisladoras señalaron que el establecimiento de reglas claras funciona como un detonante para la inversión económica, la investigación científica y la innovación responsable dentro del ecosistema tecnológico nacional.
De aprobarse, el marco jurídico buscará alinear los lineamientos institucionales de México con los estándares internacionales vigentes, los cuales son promovidos por organismos multilaterales como la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Unión Europea.
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