Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, entregó la tarde de este miércoles su pasaporte en un juzgado de Madrid. La acción responde a una medida cautelar impuesta por el juez Juan Carlos Peinado ante un presunto riesgo de fuga, resolución que la investigada ya recurrió ante la Audiencia Provincial madrileña.
Durante la diligencia en el juzgado, se le notificó a Gómez la apertura de un juicio oral en su contra. El magistrado determinó enviar a un juicio con jurado popular a la esposa del mandatario, a su asesora Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, derivado de las indagatorias iniciadas en 2024 en torno a una cátedra que Gómez codirigió en una universidad pública de Madrid.
Medidas cautelares y delitos imputados
Para Gómez y Álvarez, el juez ordenó la retirada del pasaporte —entregado por la asesora el martes y por Gómez este miércoles después de las 18:00 horas—, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente en la sede judicial. Estas disposiciones fueron solicitadas por las acusaciones populares coordinadas por la asociación Hazte Oír.
El auto judicial dictamina la apertura del juicio por cuatro ilícitos penales contra Gómez y Álvarez: tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Por su parte, el empresario Juan Carlos Barrabés enfrentará el proceso por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios.
Controversia por argumento judicial y reacciones
La justificación del juez Peinado para dictar las medidas cautelares se fundamentó en un riesgo de fuga en el que, según el texto, podrían colaborar los escoltas de la Policía Nacional asignados a Gómez. Este señalamiento generó pronunciamientos del Ejecutivo, de fuerzas políticas y de sindicatos policiales. En consecuencia, el Consejo General del Poder Judicial ordenó revisar si el juzgador incurrió en una falta disciplinaria grave.
Al respecto, el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, declaró este miércoles en el Congreso que confía en el sistema judicial, aunque solicitó que sea «justa» ante decisiones que, según sus palabras, «cuesta mucho compartir y comprender».
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