La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo confirmó el bloqueo de las cuentas bancarias de 10 ciudadanos mexicanos, entre las que se encuentran las del gobernador del estado de Sinaloa, Rubén Rocha Moya. La mandataria federal precisó este lunes que la medida deriva de la aplicación de los mecanismos automáticos de cooperación bancaria e inteligencia financiera suscritos entre los gobiernos de México y Estados Unidos, tras la orden de un juez estadounidense.
De acuerdo con la titular del Ejecutivo federal, el procedimiento administrativo no responde a decisiones discrecionales de la administración pública centralizada, sino a protocolos estandarizados dentro de los acuerdos bilaterales en materia de supervisión financiera y combate al lavado de dinero. Asimismo, informó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, emitirá un informe técnico detallado sobre el estado de los activos intervenidos.
La activación de estas alertas financieras coincide con el avance de procesos judiciales en el extranjero, donde se documentó la entrega voluntaria de Enrique Díaz Vega, exsecretario de Finanzas de Sinaloa, y la detención previa en el estado de Arizona de Gerardo Mérida Sánchez, quien se desempeñó como secretario de Seguridad Pública en la misma entidad federativa. Ambos exfuncionarios están integrados en las indagatorias de las agencias norteamericanas que originaron el aseguramiento de los recursos.
Marco operativo de la seguridad federal
Ante los cuestionamientos sobre el impacto de estas investigaciones en la estabilidad institucional del país, Sheinbaum Pardo descartó la existencia de repercusiones negativas para el Gobierno federal, argumentando que las comparecencias de los exservidores públicos sinaloenses obedecen a determinaciones del ámbito estrictamente personal. Paralelamente, la presidenta respaldó la efectividad del gabinete de seguridad, atribuyéndole una reducción del 40 por ciento en el indicador de homicidios dolosos a nivel nacional.
El caso subraya la vigencia de los tratados internacionales de fiscalización que obligan a la administración mexicana a congelar instrumentos bancarios de forma inmediata ante mandamientos de cortes extranjeras. La titular del Ejecutivo enfatizó que la conducción de su administración se mantiene ajena a pactos con agrupaciones de la delincuencia organizada o actores vinculados a delitos de cuello blanco, delegando la responsabilidad de deslindar responsabilidades penales a la Fiscalía General de la República.
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