La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, informó que el Congreso de la Unión se encuentra a la espera de recibir la iniciativa de reforma constitucional enviada por el Poder Ejecutivo Federal, cuyo objetivo principal es modificar la fecha de la elección del Poder Judicial de la Federación. El documento formal será recibido inicialmente por la Comisión Permanente para su posterior trámite legislativo.
De acuerdo con el procedimiento parlamentario expuesto por la diputada presidenta, una vez que la Comisión Permanente dé cuenta del proyecto institucional, este será turnado a la Cámara de Diputados en su calidad de Cámara de origen. Posteriormente, se prevé la convocatoria a un periodo extraordinario de sesiones durante el mes de mayo para la deliberación y votación de la reforma, la cual requiere de la aprobación de las dos terceras partes de los legisladores presentes.
López Rabadán explicó que la urgencia de desahogar la propuesta radica en el marco normativo electoral, el cual establece un plazo perentorio de 90 días previos al inicio del proceso electoral federal, programado para el mes de septiembre de 2026. Debido a este límite legal, las fuerzas políticas representadas en el Congreso mexicano dispondrán de las próximas semanas para desahogar las etapas de análisis en comisiones y en el pleno de la Cámara revisora.
Revisión del marco judicial
La legisladora señaló que la recepción de este nuevo paquete de modificaciones constitucionales abrirá el espacio técnico para realizar una revisión de carácter integral a las deficiencias estructurales derivadas de la reforma judicial previa. En este sentido, apuntó la necesidad de construir consensos entre los diferentes grupos parlamentarios para fortalecer la carrera judicial y asegurar la solidez institucional de los tribunales de la República.
Por otra parte, al ser cuestionada sobre la situación política en el estado de Chihuahua y los amagos de Morena para iniciar un juicio político en contra de la gobernadora María Eugenia Campos Galván, la presidenta de la Mesa Directiva desestimó la procedencia de dicho instrumento de control constitucional. Afirmó que la administración local cuenta con respaldo ciudadano derivado de las recientes acciones en materia de seguridad pública y combate a la delincuencia organizada en la entidad.
Finalmente, respecto a las investigaciones judiciales y la entrega voluntaria de exfuncionarios del estado de Sinaloa a las autoridades de Estados Unidos, López Rabadán precisó que estos acontecimientos evidencian la gravedad de los señalamientos por corrupción y vínculos institucionales con el narcotráfico. Urgió a las fiscalías y al sistema de justicia nacional a demostrar eficacia en la persecución de delitos relacionados con el crimen organizado.
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