El subfiscal general adjunto de Estados Unidos, Aakash Singh, instruyó a los fiscales federales a perseguir a los funcionarios mexicanos vinculados al narcotráfico bajo leyes antiterroristas. Según un artículo publicado este viernes por el diario New York Times, la directriz busca procesar a los servidores públicos que utilicen sus cargos para dar apoyo material a los cárteles de la droga, catalogados el año pasado por Washington como organizaciones terroristas.
Durante una teleconferencia efectuada esta semana con fiscales de distrito, Singh ordenó triplicar las acusaciones contra los funcionarios involucrados en la protección de redes delictivas. De ser procesados bajo este marco legal, los servidores públicos señalados podrían enfrentar sentencias prolongadas en prisiones federales.
«Debemos tratar a estas personas como los terroristas que son. Si esto resulta desagradable para los funcionarios del gobierno mexicano y les ofende que estemos haciendo esto, no puedo pensar en nada que me importe menos», afirmó Singh, de acuerdo con los registros obtenidos por el medio estadounidense.
Impacto en la relación bilateral y Morena
La postura del Departamento de Justicia estadounidense se da a conocer dos semanas después de que se formalizara una investigación contra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros nueve colaboradores estatales. Este proceso ya derivó en la separación temporal del mandatario de su cargo y en la detención en Arizona del exsecretario de Seguridad Pública de la entidad, Gerardo Mérida Sánchez.
Especialistas en política internacional advierten que el endurecimiento de la estrategia de Washington genera presiones internas en el panorama nacional. Roberta Jacobson, exembajadora de Estados Unidos en México, señaló al diario que un porcentaje considerable de los funcionarios sujetos a escrutinio pertenecen al partido oficialista Morena, lo que sitúa a la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ante un escenario de tensiones diplomáticas e internas debido a la desconfianza histórica de su partido hacia las agencias de Washington.
El rotativo neoyorquino reportó que el Departamento de Justicia de Estados Unidos declinó responder de manera inmediata a las solicitudes de información y comentarios adicionales sobre el alcance de estas nuevas directrices ministeriales.
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