La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó un informe sobre la situación de los desaparecidos en México, fenómeno que calificó como una crisis humanitaria perpetrada principalmente por el crimen organizado. De acuerdo con las cifras oficiales citadas en el documento, la problemática afecta a más de 130 mil personas y registra un impacto particular en grupos vulnerables como mujeres, migrantes, jóvenes, niños y adolescentes.
El reporte titulado «Desapariciones en México» analiza la evolución de este escenario a partir de 2018 con base en testimonios, información gubernamental y reportes de diversos organismos. Durante la presentación en la Ciudad de México, la secretaria ejecutiva de la CIDH, Tania Reneaum, expuso que el documento «da cuenta de avances y desafíos de las políticas adoptadas por el Estado para hacer frente a una crisis humanitaria que atraviesa territorios, comunidades, familias y generaciones enteras».
Señalamientos sobre impunidad y nexos delictivos
La relatora del organismo internacional para México, Andrea Viviana Pochak, afirmó que las desapariciones continúan ocurriendo bajo altos niveles de impunidad. Si bien reconoció la existencia de avances normativos adoptados por el Estado mexicano desde 2018, puntualizó que resultan insuficientes ante la envergadura del problema y la operatividad de los grupos criminales.
Pochak advirtió que el informe refleja escenarios donde el crimen organizado ha operado en conjunto con agentes estatales encargados de las tareas de seguridad, aunque aclaró que la CIDH no constata una política institucional preconcebida con ese propósito. Asimismo, la relatora urgió a implementar mecanismos medibles para mitigar los riesgos y optimizar el acceso a la justicia de las víctimas.
Postura oficial y reclamos de familiares
El subsecretario de Asuntos Multilaterales y de Derechos Humanos de la cancillería mexicana, Enrique Javier Ochoa, estuvo presente en el acto y definió el informe como una oportunidad para la cooperación internacional, al tiempo que reivindicó las acciones de la administración y el esfuerzo de las familias buscadoras.
Por su parte, representantes de la sociedad civil cuestionaron las declaraciones de los servidores públicos. Bibiana Efigenia, quien busca a su hermano Manuel, criticó el desempeño gubernamental al señalar que las autoridades se han encargado de ocultar los registros de búsqueda.
«Al escuchar a un Estado que jamás nos ha escuchado, es vergonzoso escuchar que quieren cooperar con las víctimas cuando se han encargado de tapar todas las fichas de personas desaparecidas (…) Y todavía tienen la vergüenza de pedirnos que no politicemos a nuestros desaparecidos, cuando quienes los politizan son funcionarios públicos», manifestó Efigenia. Tras su intervención, los familiares asistentes cerraron el evento con consignas de protesta.
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