El diputado federal Christian Castro Bello (PRI) presentó formalmente una iniciativa de reforma constitucional que busca aplicar la inhabilitación permanente —conocida como «muerte civil»— a cualquier servidor público al que se le compruebe participación o nexos con actividades de la delincuencia organizada. La propuesta pretende blindar la administración pública y los procesos electorales de la infiltración criminal.
El legislador por Campeche fundamentó la urgencia de esta reforma en datos alarmantes: citó informes internacionales que estiman que más del 70% del territorio nacional padece la presencia de grupos delictivos. Asimismo, recordó las alertas del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada, que ha señalado la posible aquiescencia o apoyo de autoridades en la comisión de delitos graves.
Puntos clave de la iniciativa
La propuesta de Castro Bello no se limita a la destitución inmediata, sino que busca erradicar la posibilidad de que los infractores regresen al servicio público mediante los siguientes ejes:
- Alcance universal: La inhabilitación aplicaría sin distinción para cargos de elección popular, designación o nombramiento.
- Combate a esquemas específicos: La reforma ataca fenómenos como el financiamiento ilícito de campañas, la protección al contrabando de combustible («huachicol fiscal») y redes como el denominado “Cártel de la Barredora” en Tabasco.
- Reforma al Artículo 109: Se propone la adición de un séptimo párrafo a dicho artículo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para institucionalizar la sanción irreversible.
Impacto en la credibilidad institucional
El diputado enfatizó que la traición a la confianza ciudadana por parte de quienes administran recursos públicos para beneficiar estructuras criminales es intolerable. Según el legislador, la medida es un «golpe de timón» necesario para recuperar la credibilidad de México en el extranjero, ante la percepción de un Estado vulnerado por la corrupción.
«No podemos permitir que quienes deben proteger a la ciudadanía sean parte del problema. Esta reforma busca fortalecer las instituciones desde su raíz», sostuvo Castro Bello.
La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes en el Palacio Legislativo de San Lázaro, donde se espera que detone un debate sobre los mecanismos de control y confianza en los tres niveles de gobierno, especialmente de cara a los próximos ciclos electorales y la creciente incidencia delictiva reportada por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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