El coordinador de las y los senadores del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya Cortés, anunció que su bancada solicitará formalmente el juicio político y la desaparición de poderes en el estado de Sinaloa. La postura surge tras la difusión de una acusación formal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos y una orden de aprehensión girada por un juez federal contra el gobernador Rubén Rocha Moya.
Durante la sesión de la Comisión Permanente, Anaya Cortés afirmó que Morena ha establecido un «modus operandi» sistemático basado en pactos con el narcotráfico para obtener ventajas electorales. Según el legislador, este esquema incluye la entrega de posiciones estratégicas en la fiscalía y los cuerpos de seguridad, además de concesiones en sectores como el agua potable, a cambio de protección y operatividad para los grupos delictivos.
Acusaciones de financiamiento ilícito
El senador enfatizó que la crisis en Sinaloa no es un caso aislado, sino que forma parte de una dinámica nacional. Citó denuncias sobre el denominado cártel de los Carmona, el cual habría inyectado cientos de millones de pesos a campañas de Morena mediante el huachicol fiscal. Anaya refirió que estas irregularidades han sido señaladas incluso por integrantes del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) respecto a procesos electorales en otros estados.
Respecto a la situación jurídica de los implicados, el coordinador albiazul señaló que personajes como Inzunza deben seguir la misma suerte procesal al figurar en la lista de la acusación formal del Gran Jurado estadounidense. Subrayó que, de acuerdo con el tratado de extradición vigente entre México y Estados Unidos, existe un plazo de 60 días para la recepción de pruebas, tras lo cual el Estado mexicano debe proceder con la entrega de los señalados.
Riesgos en la relación bilateral
Anaya Cortés advirtió que la negativa del Gobierno Federal a colaborar en la extradición de Rubén Rocha Moya podría derivar en un conflicto diplomático de alto nivel. Explicó que las autoridades estadounidenses podrían invocar normativas internas sobre narcoterrorismo para actuar de manera unilateral si consideran que el país socio no tiene la voluntad o la capacidad de cumplir con los acuerdos internacionales en materia de justicia.
Finalmente, el legislador calificó como un «distractor» los recientes señalamientos contra la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, argumentando que la narrativa oficial busca desviar la atención de las investigaciones del Departamento de Justicia. Reiteró que la única vía para recuperar la paz en el país es desarticular la alianza entre las instituciones y el crimen organizado, lo que implica, desde su perspectiva, la salida de Morena del ejercicio del poder.
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