El Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó en su edición vespertina el decreto por el que se reforman los artículos 115, fracción I; 116, fracción II, y se adiciona un párrafo cuarto al artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Los cambios legales, que entrarán en vigor este viernes 24 de abril, modifican la estructura de los poderes locales y la administración de los recursos públicos.
La reforma es producto de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la cual recibió el aval de la Cámara de Diputados el pasado 8 de abril tras procesar la minuta correspondiente. El ajuste constitucional impacta directamente en la integración de los ayuntamientos y el funcionamiento de los congresos locales en las 32 entidades federativas.
Reingeniería en órganos locales
El dictamen aprobado establece nuevos criterios para la conformación de los órganos de gobierno municipal y las legislaturas estatales. El objetivo central de la modificación a los artículos 115 y 116 es eficientar la operación de estas instituciones, ajustando la proporcionalidad de sus integrantes de acuerdo con los nuevos lineamientos de gobernanza impulsados por el Ejecutivo Federal.
Por otro lado, la adición al artículo 134 constitucional introduce una disposición específica sobre la aplicación de los recursos económicos del Estado. Esta medida busca garantizar que la administración de los fondos públicos se realice bajo principios de austeridad, impactando directamente en la estructura de costos de los organismos públicos.
Control a remuneraciones electorales
Uno de los puntos más relevantes del decreto es el establecimiento de límites presupuestarios a las remuneraciones de funcionarios electorales. Con esta disposición, el marco legal busca homologar las percepciones de los integrantes de los órganos electorales con los topes salariales establecidos en la política de gasto público federal, evitando excedentes presupuestarios en el sector.
El proceso legislativo concluyó tras el cómputo de la mayoría de las legislaturas estatales, requisito indispensable al tratarse de una reforma constitucional. Con la publicación de este decreto, las entidades federativas contarán con plazos específicos para armonizar sus respectivas constituciones locales y leyes secundarias con el nuevo texto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Vigencia y aplicación
La entrada en vigor del decreto el 24 de abril de 2026 marca el inicio de una transición administrativa en los tres órdenes de gobierno. La reforma al artículo 134 obligará a una revisión de las plantillas presupuestales vigentes para asegurar el cumplimiento de los nuevos párrafos adicionados, que ahora rigen el gasto en materia de servicios personales y comunicación social.
Este movimiento legislativo refuerza el control del Poder Ejecutivo sobre los criterios de gasto de los organismos autónomos y las soberanías estatales. La publicación en el DOF cierra el ciclo jurídico de una de las reformas estructurales clave de la administración actual en materia de régimen político y combate a la disparidad salarial en la administración pública.
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