Colectivos de búsqueda de personas desaparecidas confirmaron el hallazgo de mil 74 restos óseos en el predio conocido como La Habana, ubicado en los límites de la alcaldía Tláhuac y el municipio de Chalco. Los trabajos de rastreo, realizados del 7 al 16 de abril, han derivado en una exigencia formal hacia las autoridades de la Ciudad de México y el Gobierno Federal para garantizar la continuidad de las labores y el análisis científico de cada fragmento localizado.
Integrantes de agrupaciones como «Hasta Encontrarles» y «Una Luz en el Camino» entregaron este viernes un pliego petitorio a funcionarios en el Centro de Atención Integral para la Búsqueda de Personas. El objetivo principal es que el sitio sea tratado como una emergencia forense y se asegure que ningún resto quede sin ser procesado bajo estándares internacionales de identificación.
Hipótesis y participación institucional
Durante el inicio de las exploraciones, las autoridades manejaron la hipótesis de que el lugar podría contener vestigios prehispánicos, debido a reportes previos sobre la zona. Ante esto, los colectivos han solicitado la intervención del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) para que trabaje en conjunto con los peritos y determine la naturaleza de los hallazgos.
“Para las autoridades, un molar o una falange es un desecho; para nosotros es una esperanza de regresar a nuestros seres queridos a casa”, declaró Carlos Ramírez, del colectivo Hasta Encontrarles. Los familiares enfatizaron que la búsqueda debe realizarse con dignidad y respeto, independientemente de la antigüedad de los restos.
Seguridad y demandas operativas
Debido a que el predio se encuentra en una zona con presencia de grupos delictivos, los buscadores exigieron a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) garantizar la seguridad perimetral y vigilancia permanente. Los colectivos señalaron que su labor se realiza bajo condiciones de riesgo e intimidación, por lo que consideran vital la protección de cada persona involucrada en el rastreo.
El pliego petitorio incluye los siguientes puntos clave:
- Asignación de recursos adicionales para aumentar la presencia de arqueólogos y antropólogos forenses.
- Instalación de una mesa de diálogo permanente para informar sobre los avances en la identificación.
- Entrega de un informe exhaustivo sobre los restos localizados hasta la fecha.
- Garantía de que no se cerrará el punto de búsqueda sin el consenso y validación de las familias.
Los colectivos insistieron en que el traslado de los fragmentos óseos debe seguir protocolos estrictos para no comprometer la posible identificación de sus familiares desaparecidos en la Ciudad de México y el Estado de México.
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