El Pleno del Senado de la República aprobó por unanimidad, con 109 sufragios, una reforma trascendental al artículo 73 constitucional. Esta modificación faculta al Congreso de la Unión para expedir una ley general en materia de feminicidio, lo que permitirá establecer un tipo penal único, sanciones homogéneas y protocolos de investigación estandarizados en todo el territorio nacional, eliminando las actuales asimetrías jurídicas.
Al presentar el dictamen, el senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos, subrayó que esta medida constituye una «decisión de Estado». El legislador explicó que el diseño normativo vigente presenta una dispersión que impide una respuesta institucional sólida, ya que la coexistencia de criterios heterogéneos en las entidades federativas suele derivar en impunidad y acceso desigual a la justicia.
Hacia un sistema penal homologado
La reforma atiende la problemática de los 33 códigos penales que operan en México (32 estatales y uno federal), los cuales contemplan agravantes y punibilidades distintas para un mismo delito. Según el senador Inzunza, esta fragmentación normativa ha provocado que, mientras en algunos estados la justicia es expedita, en otros la investigación sea «dilatada o incierta», lo cual contraviene los derechos fundamentales de las mujeres.
Por su parte, el senador Oscar Cantón Zetina, presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, destacó que el objetivo es que el Estado mexicano actúe como un «solo frente» contra la violencia feminicida. La iniciativa, impulsada originalmente por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca garantizar que el lugar donde ocurra el ilícito no determine la calidad de la investigación ni la severidad de la sanción impuesta.
Memoria histórica y perspectiva de género
Durante el debate, el senador Juan Carlos Loera de la Rosa recordó la crisis de desapariciones y asesinatos en Ciudad Juárez, Chihuahua, como el antecedente que dio origen a la tipificación del feminicidio en México. En un acto simbólico, el Pleno recordó a víctimas como la defensora Digna Ochoa y la periodista Miroslava Breach, enfatizando la deuda histórica del sistema judicial con las familias de las víctimas.
En este sentido, la senadora Martha Lucía Micher precisó que la responsabilidad de erradicar la violencia de género recae no solo en el Ejecutivo, sino en todas las fiscalías y ministerios públicos del país. Hizo un llamado a transformar los modelos educativos y las relaciones de poder entre hombres y mujeres como parte de una estrategia integral que acompañe el endurecimiento de las leyes.
Recursos e implementación técnica
A pesar del consenso en la votación, legisladores de la oposición condicionaron la efectividad de la reforma a la asignación de recursos presupuestales suficientes. Advirtieron que, sin el financiamiento necesario para fortalecer las capacidades técnicas de las fiscalías locales, la nueva ley general corre el riesgo de convertirse en «letra muerta» frente a la crisis de seguridad pública que atraviesa el país.
El dictamen fue remitido a la Cámara de Diputados para su análisis, discusión y eventual ratificación. De completarse el proceso legislativo, el Congreso tendrá la base constitucional para unificar los criterios de investigación bajo estándares estrictos de perspectiva de género, obligando a una coordinación efectiva entre la Federación, los estados y los municipios.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.