La Diputada Federal Noemí Luna Ayala, vicecoordinadora del Grupo Parlamentario de Acción Nacional (PAN) presentó una iniciativa para reformar la Ley General de Desarrollo Social, con el objetivo de obligar al Gobierno Federal a establecer Zonas de Atención Prioritarias en regiones afectadas por la violencia. La propuesta busca garantizar que las poblaciones que enfrentan desplazamiento forzado interno y violencia social reciban apoyos específicos en alimentación, alojamiento y salud mental.
El proyecto, publicado este lunes en la Gaceta Parlamentaria, plantea modificaciones a los artículos 5, 29, 30 y 31 del ordenamiento legal citado. La legisladora zacatecana subrayó la urgencia de actualizar el marco jurídico para que el concepto de Grupos Sociales en Situación de Vulnerabilidad integre formalmente a quienes sufren violaciones a los derechos humanos por migración o pérdida de su entorno debido a la inseguridad.
De acuerdo con el documento, se propone que el artículo 31 de la Ley General de Desarrollo Social incorpore un numeral para brindar refugio y programas de apoyo psicológico a las víctimas. Luna argumentó que la actual política social debe trascender la entrega de apoyos genéricos y focalizarse en el restablecimiento del tejido social en áreas donde la presencia del Estado se ha visto vulnerada por factores externos.
Para sustentar la relevancia de las Zonas de Atención Prioritarias, la diputada refirió datos de la ENSU del INEGI. Según el indicador, al cierre de 2025 el 63.8% de la población adulta en México consideró inseguro vivir en su ciudad, lo que representa un incremento respecto al 61.7% registrado en el año 2024, evidenciando un deterioro en la percepción de seguridad pública.
La iniciativa define que estas zonas deben determinarse mediante indicadores de pobreza, pero también por niveles de marginación y rezago en el ejercicio de derechos fundamentales. Luna enfatizó que las personas en condición de vulnerabilidad viven con traumas derivados de la pérdida de familiares y bienes, factores que impactan directamente en la estabilidad nacional.
Finalmente, la propuesta de la zacatecana establece que en dichas demarcaciones el gobierno debe garantizar recursos suficientes para resolver problemáticas de salud física y mental. El dictamen será turnado a las comisiones correspondientes en la Cámara de Diputados para su análisis y eventual aprobación en el presente periodo de sesiones.
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