El diputado federal Germán Martínez Casares condicionó este martes su posible respaldo a la iniciativa que busca eliminar las denominadas «pensiones doradas» en la administración pública, exigiendo que la medida se aplique de manera inmediata y específica al haber de retiro del exministro de la Suprema Corte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Durante un encuentro con medios en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el legislador subrayó que la validez de la propuesta de austeridad depende de la voluntad política para actuar contra figuras cercanas al actual régimen, señalando que el caso de Zaldívar es el ejemplo más visible de este tipo de retribuciones.
Un desafío a la congruencia
«Que empiecen con el ejemplo. Quiero ver los haberes de retiro de Arturo Zaldívar», sentenció Martínez Casares. El diputado argumentó que solo si la autoridad fiscal y legislativa procede a retirar dicha pensión, él reconsideraría su posición actual frente al dictamen que se discute en comisiones.
El legislador calificó la retribución que percibe el exministro presidente como una «pensión dorada» que contraviene los principios de austeridad republicana que la iniciativa dice defender. Por ello, instó a los promoventes de la reforma a demostrar que la ley no tendrá destinatarios selectivos.
Postura individual en la bancada
Martínez Casares fue enfático al señalar que esta exigencia representa una postura personal y no necesariamente refleja la línea oficial de su grupo parlamentario en el Partido Acción Nacional (PAN). No obstante, reiteró que su voto en lo particular estará supeditado a este acto de transparencia.
La discusión sobre las pensiones de los exministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha sido un punto de fricción constante en la actual legislatura, especialmente tras la renuncia de Zaldívar para integrarse a tareas políticas, lo que generó un debate jurídico sobre la vigencia de sus beneficios económicos.
Contexto de la reforma
La iniciativa en materia de pensiones busca establecer topes máximos y eliminar regímenes especiales de retiro para altos mandos del Poder Judicial y organismos autónomos, argumentando un ahorro significativo para las finanzas públicas y el fin de privilegios heredados.
El pronunciamiento de Martínez Casares ocurre en un momento crítico para la construcción de mayorías en San Lázaro, donde la oposición ha cuestionado la retroactividad de la ley y el posible uso político de estas cancelaciones contra figuras que no son afines al bloque oficialista.
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