El Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados presentó este jueves un conjunto de exhortos dirigidos a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) y a la Sedatu, denunciando una «parálisis institucional» que afecta la certeza jurídica de la propiedad social en México. La diputada Leticia Barrera Maldonado señaló fallas críticas en la operatividad del Registro Agrario Nacional (RAN) y de la Procuraduría Agraria (PA).
De acuerdo con la legisladora, estas instituciones suspendieron operaciones de manera intermitente desde enero pasado, lo que ha generado un rezago acumulado en trámites registrales y certificación de derechos. La problemática impacta directamente a más de 32 mil núcleos agrarios en un país donde el 50% del territorio nacional es propiedad social, limitando el acceso a la defensa y asesoría jurídica de los campesinos.
Crisis operativa y brecha digital
La bancada priista subrayó que la migración de trámites hacia plataformas digitales ha resultado contraproducente debido a las constantes fallas del sistema y a la brecha digital persistente en las zonas rurales. Barrera Maldonado enfatizó que la vía digital no puede sustituir la atención física, ya que esto coloca en estado de indefensión a productores que carecen de conectividad o conocimientos técnicos.
«Lo digital para el tema del campo no puede ser una vía única», afirmó la diputada, tras detallar que el recorte presupuestal ha obligado a las representaciones agrarias a buscar oficinas prestadas ante la imposibilidad de pagar rentas. Este escenario se agrava con la desaparición de nueve tribunales unitarios agrarios y la ausencia total de estos órganos en estados como Campeche y Aguascalientes.
Incumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural
Un segundo punto de acuerdo destaca el incumplimiento de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, debido a que el Consejo Mexicano para el Desarrollo Rural Sustentable (CMDRS) no ha sido convocado a sesionar a nivel nacional desde el año 2024. Según el PRI, esta omisión desarticula el proceso de integración del Programa Especial Concurrente (PEC) y elimina el principal mecanismo de participación ciudadana del sector.
La legisladora vinculó la inactividad del Consejo con la falta de rendición de cuentas tras detectarse irregularidades financieras en organismos sectoriales. Señaló que la ausencia de sesiones impide que las cadenas productivas y organizaciones sociales reciban información puntual sobre el ejercicio de los recursos públicos y los avances de los programas federales.
Exigencia de transparencia y legalidad
Ante este panorama, el exhorto exige a la SADER restituir la legalidad institucional y restablecer el calendario de sesiones del CMDRS de forma inmediata. Asimismo, se solicita al RAN transparentar el estado real de sus delegaciones y precisar las ubicaciones físicas de atención para evitar que los ejidatarios recurran a gestores externos o caigan en actos de corrupción por la opacidad administrativa.
Finalmente, la representación del PRI advirtió que la política rural actual está operando sin mecanismos de deliberación formal, lo que ha derivado en manifestaciones sociales. La propuesta busca que las instituciones del sector rural garanticen los recursos y el personal necesario para normalizar los servicios, bajo el argumento de que la justicia agraria no debe estar condicionada a decisiones administrativas o presupuestales.
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