El coordinador parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, calificó la propuesta de reforma electoral conocida como «Plan B» como un conjunto de medidas diseñadas para que el Poder Ejecutivo incida en los comicios federales de 2027. En entrevista, el legislador señaló que permitir la coincidencia de la revocación de mandato con las elecciones ordinarias constituye una «regresión» democrática.
Moreira Valdez sostuvo que el texto de la reforma permitiría a la presidenta de la República y a los gobernadores en su año intermedio realizar proselitismo durante el proceso electoral. «Es el intento de destruir la democracia, porque vamos a ver a miembros del Poder Ejecutivo haciendo campaña al momento en el cual se están realizando las elecciones ordinarias», afirmó el diputado este 18 de marzo.
Críticas a la organización del proceso
El líder de la bancada priista argumentó que la intención detrás de unificar las fechas electorales es generar «ganancia» política mediante la confusión del electorado, especialmente ante la complejidad que supondría sumar las elecciones del Poder Judicial. Recordó que en legislaturas anteriores el acuerdo fundamental fue que estos ejercicios de democracia directa no coincidieran con las votaciones regulares.
Respecto a la naturaleza de la consulta, el legislador cuestionó que sea el propio gobierno quien promueva el mecanismo. «La revocación, en teoría, es para que opositores o gente que esté molesta la pida. Pero enseñaron a hacerla ellos mismos, se autopiden», explicó Moreira, vinculando esta estrategia con una intención de ratificación y promoción política desde el Estado.
Inconsistencias en austeridad y estructura
Moreira Valdez también señaló deficiencias técnicas en la minuta recibida por el Congreso, particularmente en la propuesta de ajustar el número de regidores en los ayuntamientos a un rango de entre 7 y 15 integrantes. Advirtió que esta medida resultaría contraproducente en estados como Guerrero o Yucatán, donde existen municipios que actualmente operan con menos de siete regidores y se verían obligados a aumentar su burocracia.
Finalmente, el diputado desestimó el ahorro proyectado de 4 mil millones de pesos por la reforma, contrastándolo con las pérdidas operativas de proyectos de infraestructura y el alto costo que implicará la organización de los procesos electorales judiciales y de revocación. «Es una narrativa electoral; dicen que hay austeridad, pero el puro tren tuvo 7 mil millones de pesos de pérdida el año pasado», concluyó.
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