La Sección Instructora de la Cámara de Diputados determinó postergar, de nueva cuenta, la convocatoria formal para analizar el proceso de desafuero contra el senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas. La decisión responde a una estrategia de tiempos parlamentarios que busca evitar interferencias con la discusión técnica de la reforma electoral denominada Plan B, según el .
El presidente de la instancia legislativa, el diputado Hugo Eric Flores, confirmó que, aunque el expediente cuenta con los elementos necesarios para emitir una resolución, la agenda del Pleno ha condicionado la actividad de la Sección. El objetivo institucional es asegurar que el dictamen se presente en un entorno de neutralidad política, alejado de las controversias partidistas derivadas de las reformas constitucionales en curso.
Estado procesal del expediente
El procedimiento jurídico tiene una antigüedad de seis meses desde su última reactivación y se fundamenta en presuntas irregularidades detectadas durante la gestión de Moreno Cárdenas como gobernador de Campeche. La autoridad legislativa precisó que el caso se circunscribe exclusivamente a su desempeño administrativo pasado y no guarda relación con sus actuales responsabilidades parlamentarias o de dirigencia.
Al respecto, la Fiscalía Anticorrupción de Campeche notificó que la solicitud de desafuero sigue firme y ha incorporado nueva documentación al expediente en semanas recientes. Esta adición de elementos probatorios refuerza la viabilidad jurídica del caso, el cual se encuentra en fase de elaboración de proyecto de resolución por parte de los integrantes de la Sección Instructora.
Hacia un modelo de inmunidad limitada
La pausa en el cronograma ha reactivado el debate en San Lázaro sobre el alcance de la protección constitucional de los legisladores. Desde la presidencia de la instancia instructora se ha planteado la necesidad de transitar hacia un esquema de inmunidad parlamentaria estrictamente limitada a la función legislativa, para evitar que el fuero sea interpretado como un instrumento de evasión judicial.
De cumplirse las previsiones de la Junta de Coordinación Política, la Sección Instructora podría sesionar y elevar el dictamen al Pleno antes de que concluya el periodo ordinario de sesiones. La viabilidad de este plazo dependerá del desahogo de la agenda electoral en el Senado de la República, factor que actualmente marca el ritmo de las prioridades en la Cámara baja.
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