El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno, advirtió que la propuesta de reforma electoral denominada «Plan B» pretende suprimir el principio constitucional de paridad de género en el acceso a cargos de elección popular. El dirigente señaló que esta medida representaría una vulneración a los avances democráticos alcanzados en las últimas décadas.
Moreno Cárdenas sostuvo que la paridad no debe considerarse una concesión o una cuota improvisada, sino el resultado de reformas estructurales y presión social. Según el líder priista, la modificación legislativa ignora el proceso histórico que permitió a México consolidar una representación política equitativa en los órganos de gobierno.
Defensa de derechos políticos
Durante su posicionamiento, el presidente del PRI enfatizó que la eliminación de estos criterios contraviene el principio de progresividad de los derechos humanos. Recordó que el actual marco normativo ha permitido que el país sea reconocido internacionalmente por sus mecanismos de igualdad sustantiva en la conformación de legislaturas y administraciones públicas.
El argumento central de la dirigencia tricolor radica en que la flexibilidad en las reglas de postulación podría derivar en una disminución de espacios reales para las mujeres. Esto, según Moreno, institucionalizaría la desigualdad y limitaría la pluralidad en la visión de las políticas públicas que emanan del Poder Ejecutivo y Legislativo.
Implicaciones institucionales
Para el dirigente, el debilitamiento de la paridad envía un mensaje de exclusión sistemática hacia más de la mitad de la población mexicana. Subrayó que la democracia mexicana se debilita cuando se comprometen los mecanismos que garantizan que las mujeres participen activamente en la toma de decisiones de alto nivel.
Finalmente, el PRI manifestó que la igualdad en el poder es un pilar irrenunciable que no debe sacrificarse por intereses coyunturales. Las bancadas de oposición han adelantado que mantendrán la vigilancia sobre el proceso legislativo para evitar que se concreten reformas que consideren regresivas en materia de equidad y justicia social.
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