La Comisión de Protección Civil y Prevención de Desastres aprobó un punto de acuerdo para garantizar la entrega de recursos, la reconstrucción y la reubicación de vivienda de más de 70 familias afectadas por inundaciones en el municipio de Huauchinango, Puebla. La iniciativa, presentada originalmente por la diputada Xitlalic Ceja García y promovida por la legisladora Socorro Jasso Nieto, responde a los daños causados por la tormenta Jerry en octubre de 2025.
Dicho fenómeno meteorológico provocó más de 52 horas de lluvia continua en la Sierra Norte de Puebla, derivando en deslaves y el colapso de ocho viviendas. El saldo de la emergencia incluyó personas heridas, desaparecidas y fallecidas, lo que motivó la intervención del Congreso para agilizar la asistencia gubernamental pendiente.
Exhorto a dependencias federales
Tras el dictamen positivo de la Comisión, se exhortó a las secretarías de Bienestar y de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) a valorar la entrega inmediata de apoyos económicos a las familias damnificadas, sujetos a la disponibilidad presupuestaria. El acuerdo enfatiza la necesidad de atender a quienes sufrieron pérdida total o daños estructurales graves en su patrimonio.
De igual forma, se solicitó a la Comisión Nacional de Vivienda (Conavi) y a la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) implementar las acciones necesarias para la reconstrucción y reubicación de los hogares que se encuentran en zonas de riesgo o que resultaron inhabitables tras el paso del meteoro.
Transparencia y verificación técnica
El punto de acuerdo aprobado exige a la Secretaría de Bienestar transparentar los montos asignados, así como los criterios de selección utilizados para la distribución de los apoyos derivados de la emergencia. Los legisladores subrayaron la importancia de dar claridad al ejercicio de los recursos públicos destinados a la atención de desastres.
Finalmente, la Coordinación Nacional de Protección Civil deberá realizar una verificación técnica de los daños actuales. Dicha dependencia tiene la encomienda de emitir un informe público actualizado que detalle tanto la atención brindada hasta la fecha como las acciones que aún permanecen pendientes para la recuperación integral de la zona afectada en Huauchinango.
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