Las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron, con el respaldo de todos los grupos parlamentarios, el dictamen de reforma al artículo 127 constitucional. La iniciativa, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca establecer un tope a las denominadas «pensiones doradas» de exfuncionarios públicos y se perfila para ser votada en el pleno este miércoles.
El dictamen obtuvo 15 votos en la Comisión de Puntos Constitucionales y 17 en la de Estudios Legislativos. La reforma propone limitar las pensiones del personal de confianza en organismos descentralizados, empresas públicas del Estado, fideicomisos y administraciones paraestatales, de modo que no superen la mitad del salario mensual de la presidenta, actualmente fijado en 134 mil 290 pesos.
Debate sobre retroactividad y derechos adquiridos
A pesar del voto a favor, legisladores de oposición manifestaron reservas técnicas. Luis Donaldo Colosio Riojas, de Movimiento Ciudadano, y Carolina Viggiano, del PRI, advirtieron sobre posibles violaciones al principio de irretroactividad al afectar a quienes ya perciben estos montos. Viggiano señaló que reducir una pensión vigente es un acto que «vulnera derechos adquiridos», mientras que Colosio sugirió utilizar la Unidad de Medida y Actualización (UMA) como base del cálculo en lugar del salario presidencial.
Por el contrario, el senador de Morena, Pavel Jarero, afirmó que la reforma no quita derechos legítimos, sino que busca «transferir dinero del pueblo a educación, salud e infraestructura». En el mismo sentido, Alejandro González Yáñez (PT) y Ricardo Anaya (PAN) rechazaron que se transgreda la ley, citando antecedentes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que permiten ajustes en materia de recursos públicos y organización del Estado.
Alcance y exclusiones de la medida
La reforma está dirigida específicamente a la administración pública descentralizada, lo que incluye a entidades como Pemex y CFE, así como a organismos municipales y estatales. El panista Ricardo Anaya precisó que, bajo los términos actuales, la medida no aplicará a la función pública centralizada, como las Secretarías de Estado (Gobernación, Salud, Relaciones Exteriores) ni al ISSSTE.
Se estima que el ahorro generado por este ajuste ascienda a 5 mil millones de pesos anuales. No obstante, sectores de la oposición criticaron que la cifra es menor comparada con las pérdidas operativas de otras dependencias, sugiriendo que el ahorro podría obtenerse mediante ajustes administrativos en Pemex.
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