El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, rechazó el reto planteado por la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde Luján, respecto a la modificación del método de selección para las listas plurinominales. La propuesta de Morena busca que sean los votantes, y no las dirigencias partidistas, quienes definan el orden de prelación en los cargos de representación proporcional.
Moreno Cárdenas defendió su legitimidad política al enumerar los procesos electorales de mayoría relativa que ha ganado, entre los que destacan la sindicatura de Campeche en el 2000, una senaduría en 2006 y la gubernatura de Campeche en 2015. Asimismo, subrayó que su llegada a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI en 2019 contó con el respaldo de cerca de dos millones de militantes.
Contraste de trayectorias y acusaciones
En su respuesta, el líder priista sostuvo que la dirigente de Morena no ha figurado en una boleta electoral y que su trayectoria ha dependido de designaciones directas. Acusó a Alcalde Luján de haber sido «impuesta» en sus cargos por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y recordó su paso por una diputación plurinominal bajo las siglas de Movimiento Ciudadano.
Por su parte, Luisa María Alcalde cuestionó si las dirigencias de oposición están dispuestas a ceder «el sartén por el mango» sobre las listas que, según afirmó, se usan para «premiar o castigar la lealtad de sus correligionarios». La morenista instó a los líderes del PRI, PAN y MC a realizar labor de campo y «pedir el voto» a la ciudadanía.
Postura de otras dirigencias y seguridad
Ante el mismo planteamiento, el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, se pronunció a favor de que las posiciones plurinominales se asignen a la militancia o a los candidatos con mejores resultados en las urnas. Sin embargo, condicionó el diálogo sobre la reforma electoral a la inclusión del tema de la seguridad y la anulación de elecciones en caso de nexos con la delincuencia organizada.
Alejandro Moreno concluyó su posicionamiento confirmando su intención de competir en el proceso de 2030 y señaló que la actual administración federal mantiene al país en una situación de inseguridad crítica, acusando una presunta complicidad con grupos delictivos.
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