Mientras la iniciativa de reforma electoral espera a ser presentada, en las cúpulas partidistas prevalece el hermetismo, la falta de acuerdos, la incertidumbre y la preocupación por su posible contenido.
Al inicio de su sexenio, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció su intención de reformar el sistema electoral, retomando el deseo que el expresidente Andrés Manuel López Obrador no pudo concretar en 2022. Tras el fracaso de los planes A, B y C por falta de una mayoría calificada en el Congreso.
En este contexto, la titual del Ejecutivo presentó la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, un grupo de trabajo encabezado por Pablo Gómez cuyo objetivo fue elaborar la propuesta de reforma a partir de foros, debates y encuestas, sin embargo, aunque estos ejercicios tuvieran tintes de pluralidad, el propio titular de la Comisión señaló que “el gobierno utilizará su fuerza política para aprobar la próxima reforma en la materia”.
A algunas horas de que se conozca el contenido de la iniciativa y derivado de algunas declaraciones emitidas por la Presidenta, el propio Pablo Gómez y de los antecedentes de propuestas de reforma de López Obrador, los cambios principales se concentrarían en:
Reducción de costos de las elecciones, nueva integración del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, cambios a la representación en el Congreso de la Unión, fiscalización, consultas y modificaciones al sistema de partidos políticos.
Estos temas han abierto el debate y han dividido a las fuerzas políticas, sobre todo a Morena y a sus “aliados”, quienes han reiterado no estar a favor de la reducción de plurinominales.
El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) aún mantiene en vilo la negociación sobre los alcances de la reforma electoral, pues ha expresado su rechazo a la propuesta de Morena para recortar el número de legisladores por RP y del financiamiento público a los partidos.
Al descontento, también se ha sumado el Partido del Trabajo por las mismas razones. Mientras que la oposición revolucionaria y la blanquiazul han exigido que se presente una iniciativa que no dañe la autonomía del Instituto Nacional Electoral y evite poner en riesgo la democracia y las elecciones con la justificación de abaratar los procesos electorales.
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil como el Frente Amplio Democrático, Somos MX, el Laboratorio Electoral y diversas figuras como el exconsejero electoral, Lorenzo Córdova, la exconsejera María Marván, así como académicos, han señalado la necesidad de que la reforma se construya escuchando a todas las voces y busque consensos para su aprobación.
Además de que han alertado la opacidad en el proceso de construcción de la iniciativa y han criticado que el aval de una modificación al sistema debe ser de carácter ciudadano y no político, preservando la integridad de las elecciones.
Bajo este marco está por presentarse -y probablemente- aprobarse uno de los deseos que López Obrador dejó en el tintero. Será en los próximos días cuando veamos cómo camina el proyecto que repercutirá en 2027, el año en el que vendrá una de las elecciones más grandes en la historia del país y en las que se renovará la Cámara de Diputados, 17 gubernaturas, más de 2,000 presidencias municipales y se elegirán jueces y magistrados del Poder Judicial.
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