La Cámara de Diputados inició este martes la discusión del dictamen que busca reformar el artículo 123 constitucional para establecer una jornada laboral de 40 horas semanales. El proyecto, presentado en tribuna por el diputado Pedro Haces Barba, se encuentra en fase de fundamentación, marcando el inicio de un proceso legislativo que requiere de mayoría calificada para su eventual aprobación y envío al Senado de la República.
La propuesta técnica no plantea un cambio inmediato, sino un esquema de implementación gradual diseñado para amortiguar el impacto en los costos de producción. De ser aprobada en sus términos actuales, la reducción de la jornada comenzaría formalmente en el año 2027 con un límite de 47 horas, disminuyendo dos horas anualmente hasta consolidar el esquema de 40 horas en el año 2030.
Cronograma de transición propuesto
El dictamen fundamentado ante la soberanía argumenta que México mantiene un modelo de jornadas extensas que no se traduce en eficiencia. Según datos de la OCDE citados en el texto, el trabajador promedio en el país labora 2 mil 200 horas anuales, mientras que la productividad por hora ronda apenas los 25 dólares, cifra significativamente menor al promedio de 70 dólares de los países integrantes del organismo.
Para mitigar riesgos operativos, la iniciativa establece que la legislación secundaria deberá definir esquemas de flexibilidad regulada. Esto permitiría a las empresas, especialmente a las micro, pequeñas y medianas (MiPyMEs), reorganizar sus turnos y procesos de inversión en tecnología de forma programada durante el periodo de transición de cuatro años planteado en los transitorios.
Salvaguardas y derechos laborales
Un punto central del debate es la protección del ingreso. El proyecto de decreto incluye un candado constitucional que prohíbe expresamente cualquier reducción de sueldos, salarios o prestaciones derivado de la disminución de horas. Asimismo, se propone elevar a rango constitucional la prohibición de horas extraordinarias para menores de 18 años, con el fin de priorizar su desarrollo integral y salud.
El coordinador de operación política de la bancada mayoritaria sostuvo que la reforma busca «honrar el constitucionalismo social» sin comprometer la competitividad. Sin embargo, el dictamen aún debe sortear la votación en lo particular, donde se prevé que las bancadas de oposición insistan en mecanismos de incentivos fiscales para el sector privado que no están contemplados en la redacción actual del Ejecutivo.
Al tratarse de una reforma constitucional, el proceso requiere, tras su posible aprobación en ambas cámaras del Congreso de la Unión, el aval de al menos 17 legislaturas estatales. Esto sitúa la posible publicación del decreto hacia finales del presente año, manteniendo la vigencia de la actual jornada de 48 horas durante todo el ejercicio fiscal 2026.
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