El diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba presentó este miércoles una iniciativa para reformar la Ley General de Salud, con el objetivo de crear un Registro Nominal de Vacunación que permita el seguimiento digital de los esquemas de inmunización en México. La propuesta surge ante la alerta por un brote de sarampión que suma cerca de 10 mil casos registrados entre enero y febrero de 2026.
La iniciativa, respaldada por el grupo parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN), plantea la implementación de una cartilla electrónica que vincule los datos de nacimiento con el historial clínico institucional. Según el legislador, este mecanismo permitiría a las autoridades sanitarias identificar con precisión a los menores que carecen de dosis, optimizando la respuesta ante enfermedades de alta contagiosidad.
Déficit en cobertura y presupuesto
Ramírez Barba señaló que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (Ensanut), actualmente solo 6 de cada 10 niños en México cuentan con la vacuna contra el sarampión. El legislador enfatizó que el virus actual es significativamente más transmisible que el COVID-19, pues una persona infectada puede contagiar hasta a 18 individuos en entornos de alta densidad como el transporte público o escuelas.
El argumento técnico de la reforma subraya la necesidad de un «blindaje» presupuestal. El diputado denunció que entre 2022 y 2025 se registró un subejercicio acumulado de 44 mil 457 millones de pesos en el ramo de vacunación. Detalló que, tan solo en 2022, de los 30 mil millones de pesos aprobados por la Cámara de Diputados, el Ejecutivo solo ejerció 7 mil millones.
Implicaciones de salud pública
La propuesta busca armonizar los protocolos mexicanos con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), que recomiendan la vigilancia epidemiológica activa. El legislador advirtió que la falta de vacunación eleva la tasa de mortalidad a uno de cada 100 pacientes y aumenta el riesgo de secuelas graves como encefalitis o pérdida sensorial.
Finalmente, la iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su análisis técnico. De aprobarse, obligaría a las instituciones de salud pública, incluyendo al IMSS e ISSSTE, a coordinar sus bases de datos para garantizar que el presupuesto asignado se traduzca en cobertura efectiva, evitando que los recursos retornen a la Tesorería de la Federación sin haber sido aplicados en la compra de biológicos.
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