El diputado federal por Morena, Pedro Haces Barba, delineó este martes la estrategia legislativa para la reducción de la jornada laboral, confirmando que el dictamen seguirá un esquema de implementación gradual que culminará hasta el año 2030. La propuesta, impulsada desde el Ejecutivo por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca transitar del esquema actual de 48 horas al de 40 horas mediante ajustes anuales para no desestabilizar la economía.
Según explicó el legislador previo a la sesión ordinaria en San Lázaro, la hoja de ruta establece que la disminución de horas comenzará formalmente en 2027, año en que el límite legal pasará a 46 horas semanales. Posteriormente, el cronograma contempla una reducción a 44 horas en 2028 y a 42 horas en 2029, para finalmente establecer el tope constitucional de 40 horas en 2030.
Consenso y protección económica
Haces Barba enfatizó que el diseño de esta reforma responde a la necesidad de proteger a las pequeñas y medianas empresas (PyMES y MiPyMES), consideradas la base de la economía nacional. El legislador aseguró que la propuesta se ha construido bajo un consenso tripartita entre gobierno, sector empresarial y representaciones de trabajadores, bajo la premisa de que «trabajar menos no implica menor productividad».
El proceso legislativo iniciará en el Senado de la República, cámara de origen donde se discutirá y, en su caso, aprobará la minuta antes de ser remitida a la Cámara de Diputados para su ratificación. Esta estrategia escalonada busca mitigar el impacto en los costos operativos de las empresas, una de las principales preocupaciones expresadas por la iniciativa privada en parlamentos abiertos anteriores.
Expectativa de unanimidad
Pese a la gradualidad del proyecto, que extenderá la transición durante todo el sexenio actual, el diputado morenista manifestó su confianza en que la reforma sea aprobada por unanimidad en ambas cámaras. Haces Barba calificó la medida como una acción necesaria «en favor del bienestar de las y los trabajadores mexicanos».
De concretarse este esquema, México se alinearía paulatinamente con los estándares internacionales de la OCDE en materia de tiempo de trabajo, aunque el plazo de cinco años para su implementación total refleja una postura de cautela ante las presiones económicas globales y locales.
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