La senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Anabell Ávalos Zempoalteca, presentó este martes una iniciativa de reforma a los artículos 102 y 109 de la Constitución Política, con el objetivo de modificar el mecanismo de designación de los titulares de las fiscalías especializadas. La propuesta plantea que sean las minorías parlamentarias quienes tengan el derecho de proponer las ternas para los fiscales anticorrupción y de delitos electorales, buscando así garantizar una autonomía real frente al Poder Ejecutivo.
La legisladora argumentó que el actual diseño institucional ha permitido una intervención gubernamental cada vez más evidente en los procesos de justicia, anulando la capacidad de investigación imparcial. Según la iniciativa, otorgar esta facultad a la oposición funcionaría como un candado democrático para frenar la persecución política y asegurar que los encargados de perseguir delitos no tengan compromisos con el oficialismo.
Crisis de credibilidad y corrupción
Ávalos Zempoalteca fundamentó la urgencia de esta reforma citando datos de Transparencia Internacional, organismo que ubica a México en la posición 141 de 182 países en el índice de percepción de corrupción. La senadora advirtió que las denuncias por delitos electorales permanecen estancadas, mientras que la presencia del crimen organizado en los comicios se ha normalizado sin que existan consecuencias legales.
Para ilustrar la falta de mecanismos de autoinvestigación en la actual administración, la priista señaló el caso reciente en Tequila, Jalisco, donde un alcalde emanado de Morena fue detenido por presuntos vínculos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y actos de extorsión. La legisladora enfatizó que este tipo de situaciones ocurren sin que se finquen responsabilidades políticas claras al partido en el poder, evidenciando un pacto de impunidad.
Riesgos de la concentración de poder
La senadora sostuvo que la llamada Cuarta Transformación ha eliminado los contrapesos necesarios al controlar tanto el Congreso como las fiscalías. Esta hegemonía, explicó, ha derivado en «excesos y arbitrariedades» donde las instituciones se utilizan facciosamente, dejando a la ciudadanía en la indefensión y anulando el diálogo plural necesario en cualquier democracia.
Finalmente, Ávalos Zempoalteca concluyó que combatir la corrupción y los delitos electorales es una «condición indispensable para la democracia». La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes del Senado para su análisis y dictamen, donde se espera un debate intenso dada la mayoría oficialista que actualmente controla la agenda legislativa.
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