La diputada federal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Abigail Arredondo Ramos, presentó este martes una iniciativa de reforma a la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano. La propuesta tiene como objetivo establecer la obligatoriedad jurídica para que los tres niveles de gobierno incorporen ecotecnias en los procesos de construcción, conformación y restauración de espacios públicos.
El documento legislativo plantea modificaciones específicas a los artículos 3º y 75 de dicha normativa. Arredondo Ramos argumentó que, actualmente, el marco legal carece de disposiciones vinculantes que comprometan a las autoridades a utilizar tecnologías sustentables en el diseño urbano, dejando estas prácticas a la discrecionalidad de las administraciones en turno en lugar de ser una política de Estado.
Impacto económico y ambiental La legisladora fundamentó la viabilidad de la reforma no solo en criterios ecológicos, sino financieros. De acuerdo con cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los costos totales por agotamiento y degradación ambiental en México ascendieron a 1.3 billones de pesos durante 2023. Esta cifra representa el 4.2% del Producto Interno Bruto (PIB), un impacto presupuestal que la iniciativa busca mitigar mediante infraestructura más eficiente.
Las «ecotecnias» referidas en la propuesta se definen como dispositivos y técnicas innovadoras de bajo costo, diseñadas para optimizar el uso de recursos naturales y materiales. La integración de estas herramientas en la obra pública busca reducir la huella de carbono estatal y generar ahorros operativos a largo plazo en el mantenimiento de la infraestructura urbana.
Vacío legal en infraestructura Aunque el Estado mexicano ha implementado políticas de descarbonización y fomento de energías limpias (solar, eólica y biomasa) desde la década de los ochenta, la diputada priista señaló un vacío en la aplicación de estos criterios en el sector de la construcción pública. Los esfuerzos previos se han concentrado en la generación de energía, dejando rezagada la normativa sobre desarrollo urbano sostenible.
La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación. De aprobarse, obligaría a municipios, estados y federación a priorizar la sostenibilidad técnica en sus proyectos de obra, alineando la política de infraestructura con los compromisos internacionales de reducción de impacto ambiental y eficiencia del gasto público.
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