El diputado federal Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exigir al Senado de la República la emisión inmediata de la declaratoria de reforma constitucional en materia de salarios. La iniciativa, que modifica el artículo 123 de la Constitución, busca garantizar un ingreso mínimo de 18 mil pesos mensuales para sectores fundamentales como la salud, la educación y la seguridad pública.
De acuerdo con el legislador, la omisión del Senado representa un «grave incumplimiento institucional» que mantiene en la incertidumbre a miles de trabajadores. La reforma está diseñada para beneficiar directamente a policías, miembros de la Guardia Nacional, médicos, enfermeras y maestros, quienes verían actualizado su tabulador salarial una vez concluido el proceso legislativo.
Omisión legislativa y rezago
El político coahuilense subrayó que, según datos oficiales del Sistema de Información Legislativa, desde el 14 de octubre de 2024 se cumplió con el requisito de obtener el voto aprobatorio de al menos 17 congresos locales. Sin embargo, a más de un año de distancia, la Cámara Alta no ha realizado la declaratoria formal que permite la publicación y entrada en vigor del decreto.
Moreira Valdez advirtió que este retraso vulnera el proceso democrático y el Estado de derecho. Argumentó que la declaratoria no es un trámite opcional ni menor, sino la fase final donde se reconoce formalmente la voluntad de la mayoría de las entidades federativas, garantizando la legitimidad de los cambios a la Carta Magna.
Impacto en sectores clave
La urgencia del exhorto radica en el impacto económico para el personal de primera línea. El PRI sostiene que el Congreso de la Unión tiene la obligación ineludible de concluir el procedimiento en tiempo y forma, pues la falta de acción administrativa impide que los recursos y beneficios lleguen a las familias de los trabajadores beneficiados.
Finalmente, el legislador enfatizó que la página oficial del Senado no refleja el avance real reportado por la Secretaría de Gobernación. Este desfase informativo ha sido señalado como un obstáculo para la transparencia del proceso de reforma laboral, en un contexto donde el fortalecimiento del ingreso es una demanda prioritaria para la estabilidad social del país.
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