Legisladores del Grupo Parlamentario de Morena justificaron los resultados de la actual administración federal en materia económica y de seguridad, delegando a la autoridad electoral la fiscalización de los actos proselitistas de sus aspirantes rumbo al proceso de 2027. Durante la sesión de la Comisión Permanente del Congreso, la bancada oficialista presentó un balance de sus indicadores institucionales para desestimar recientes críticas opositoras.
El diputado Gabriel García Hernández expuso que el modelo del humanismo mexicano ha logrado sacar de la pobreza a 13.5 millones de personas, un dato enmarcado en el reconocimiento de la CEPAL. El legislador detalló que este resultado se apoya en el aumento consecutivo del salario mínimo y en la política de bienestar, política pública mediante la cual 42 millones de mexicanos reciben recursos directos del presupuesto gubernamental.
En el terreno político, el vocero parlamentario Arturo Ávila Anaya proyectó un escenario favorable para el partido sustentado en encuestas de la firma De las Heras. El diputado aseguró que la titular del Ejecutivo mantiene un 71 por ciento de aprobación ciudadana, mientras que el partido registra una intención de voto del 47 por ciento a nivel nacional para la próxima renovación legislativa.
Cuestionado sobre el presunto despliegue de recursos por parte de actores de su partido, Ávila Anaya evitó detallar la aplicación de medidas disciplinarias desde el Consejo Nacional morenista. El vocero argumentó que corresponde exclusivamente a la autoridad electoral determinar violaciones normativas, y confirmó que poseen autonomía estructural para competir sin sus aliados del PT y PVEM en aquellas entidades donde no consoliden acuerdos.
En materia de seguridad, la bancada respondió a los señalamientos del panista Ricardo Anaya sobre un presunto maquillaje en las carpetas de investigación. La posición de la oposición acusa que diversas entidades registran incidentes violentos en la categoría de homicidios culposos en lugar de contabilizarlos bajo la clasificación de homicidios dolosos para reducir artificialmente los índices de violencia.
Sin presentar un desglose técnico del Secretariado Ejecutivo que desmintiera directamente la acusación de reclasificación tipológica, Ávila Anaya argumentó que existe una reducción nacional del 46 por ciento en el promedio diario de este ilícito frente a las cifras de 2018. El legislador sostuvo que esta misma tendencia estadística a la baja se reporta institucionalmente en entidades administradas por gobiernos de oposición, incluyendo demarcaciones bajo la gestión del PRI, el PAN y Movimiento Ciudadano.
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