La Fiscalía General del Estado de Michoacán cumplimentó una orden de aprehensión contra César Alejandro Sepúlveda Arellano, alias «El Botox», por su presunta responsabilidad en el homicidio de Bernardo Bravo Manríquez, presidente de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán, ocurrido el pasado 19 de octubre.
Ejecución del mandato judicial
El mandato fue notificado en el Centro Federal de Readaptación Social (CEFERESO) Número 1 «El Altiplano», ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México. Sepúlveda Arellano se encuentra recluido en dicho penal tras haber sido capturado el pasado 22 de enero durante un operativo en una casa de seguridad en Santa Ana Amatlán, municipio de Buenavista Tomatlán.
De acuerdo con la carpeta de investigación, la fiscalía estatal señala al líder del grupo Los Blancos de Troya como autor intelectual y material del asesinato. El crimen contra el dirigente limonero se habría perpetrado mediante golpes y un disparo de arma de fuego en un rancho propiedad del detenido, situado en la localidad de Cenobio Moreno, en Apatzingán.
Cargos pendientes y contexto delictivo
La institución ministerial informó que las indagatorias establecieron la participación del imputado en una serie de conductas delictivas que afectaron a productores de la región. Además de este caso, «El Botox» enfrenta seis órdenes de aprehensión adicionales emitidas entre 2020 y 2025 por delitos de:
- Secuestro agravado
- Extorsión agravada al sector limonero
- Homicidio e intento de homicidio
La fiscalía difundió que se integraron datos de prueba suficientes para solicitar el mandato judicial por el caso de Bravo Manríquez, y se prevé que el resto de las órdenes pendientes se cumplimenten en los próximos días con apoyo de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE).
Perfil del detenido
César Alejandro Sepúlveda es identificado como exintegrante de grupos de autodefensa y actual cabecilla de una organización aliada a otros grupos delictivos de la zona. Por información que permitiera su captura, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ofrecía una recompensa de cinco millones de dólares, al catalogar su organización bajo términos de terrorismo. Por su parte, la fiscalía local mantenía un ofrecimiento de 100 mil pesos.
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