El grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados informó que presentó denuncias formales ante la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y la Fiscalía General de la República (FGR) por presuntas irregularidades relacionadas con el Tren Interoceánico, al señalar que los hechos derivaron en una tragedia humana con 14 personas fallecidas y personas lesionadas.
A través de un posicionamiento público y un mensaje en video, el coordinador parlamentario Elías Lixa afirmó que lo ocurrido “no es solo un asunto administrativo ni un tema de papeles”, sino un hecho que tuvo consecuencias directas para la población. Indicó que las víctimas y sus familias enfrentan dolor, incertidumbre y luto, por lo que exigió el esclarecimiento de los hechos.
El legislador precisó que, además de las denuncias administrativas y penales, el PAN solicitó al Congreso de la Unión la creación de una comisión especial que dé seguimiento a las investigaciones y supervise la reparación integral a las víctimas, así como las responsabilidades derivadas de lo sucedido.
Denuncias y exigencia de responsabilidades
Lixa sostuvo que no basta con que las autoridades ofrezcan indemnizaciones o apoyos económicos, al considerar que “el dinero nunca sustituye la justicia”. Subrayó que las familias requieren atención integral, acompañamiento e información clara, además de garantías de no repetición.
En su intervención, el coordinador del PAN señaló que cuando una obra pública falla, ello puede estar vinculado con mal uso de recursos públicos, deficiencias en la supervisión u omisiones en la administración, lo que —dijo— se traduce en infraestructura insegura y riesgos para la vida.
El grupo parlamentario aclaró que no formula acusaciones sin sustento y que su actuación se apega a la ley, con el objetivo de que se determine qué falló, quién falló y quién debe responder, en caso de acreditarse irregularidades, omisiones o negligencias.
Finalmente, las y los diputados del PAN afirmaron que el dinero público pertenece a la ciudadanía y que el Estado tiene la obligación de responder cuando su manejo deriva en afectaciones a la vida y la seguridad, así como de adoptar medidas para que hechos similares no se repitan.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.