La Embajada de Estados Unidos en México solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) y a las Fiscalías de Justicia estatales concentrarse en el desmantelamiento de organizaciones criminales completas y no limitarse a la persecución de delitos individuales. La petición fue realizada por Mark Coolidge Johnson, encargado de negocios de la embajada, durante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ).
Colaboración y acuerdos de la CNPJ
Mark Coolidge Johnson enfatizó que el trabajo coordinado es indispensable para lograr este objetivo: “Destacó que para lograrlo, se requiere mantener una colaboración, coordinación y capacitación constantes, pues solo a través del trabajo conjunto es posible obtener mejores resultados y construir un futuro mejor para todos”, detalló la FGR en un comunicado.
En el marco de la CNPJ, presidida por la titular de la FGR, Ernestina Godoy Ramos, los fiscales del país acordaron la implementación a nivel nacional del seguimiento del Registro Criminal de Armas de Fuego. Los integrantes de la conferencia aseguraron que este programa permitirá «fortalecer la trazabilidad de las armas de fuego y de apoyar de manera eficaz los procesos de investigación y la toma de decisiones en materia de política criminal».
El registro se integrará como el primer módulo del Sistema Informático Nacional Interoperable y será operado a través de las Unidades de Análisis de Información de cada institución de procuración de justicia.
Compromisos de inteligencia y estadísticas
Durante la reunión, los fiscales se comprometieron a mantener la ingesta y el intercambio de información con la Agencia de Investigación Criminal, mediante el Centro Federal de Inteligencia Criminal.
Además, acordaron consolidar y entregar información estadística al Sistema Estadístico Nacional de Procuración de Justicia (SENAP), con el objetivo de «asegurar la calidad y la confiabilidad de la información». Este fortalecimiento de los sistemas de información contará con el acompañamiento de la FGR y el Inegi.
Finalmente, los participantes tomaron conocimiento del avance en el cumplimiento de las obligaciones derivadas de las recientes reformas legales en materia de seguridad pública y de la actualización de la metodología de recopilación de datos de homicidio doloso.
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