La diputada federal Fuensanta Guerrero exhortó al Gobierno de Zacatecas a implementar campañas de sensibilización y programas preventivos en escuelas para advertir sobre los riesgos penales derivados del uso inadecuado de la Inteligencia Artificial (IA) con fines sexuales. El planteamiento fue presentado mediante un Punto de Acuerdo publicado en la Gaceta Parlamentaria.
Guerrero recordó que el Código Penal Federal establece penas de hasta 16 años de prisión por producir, reproducir, distribuir o comercializar pornografía infantil, incluyendo la realizada o alterada digitalmente. Señaló que la normativa avanza con menor velocidad que la tecnología, lo que exige reforzar medidas de prevención.
Contexto del caso en Zacatecas
El exhorto surge tras lo ocurrido en la Secundaria Técnica No. 1, donde un adolescente utilizó IA para manipular imágenes de alrededor de 400 estudiantes, creando un catálogo con contenido sexual que posteriormente se difundió en Internet. El hecho generó preocupación entre la comunidad educativa y familias.
La legisladora indicó que el caso evidencia la necesidad de capacitar a docentes, madres y padres, tutoras y tutores, así como personal directivo, para identificar riesgos y activar protocolos de atención ante posibles casos de violencia digital.
Medidas propuestas
Guerrero destacó la importancia de informar al estudiantado, particularmente a adolescentes y juventudes, sobre las consecuencias legales y emocionales del uso indebido de estas tecnologías. Señaló que “la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento”, subrayando la relevancia de fortalecer la educación preventiva.
Añadió que la IA puede ser una herramienta para el aprendizaje, pero advirtió que su uso inapropiado puede generar daños que requieren una respuesta institucional oportuna. Por ello, planteó la necesidad de campañas permanentes en centros educativos para prevenir, detectar y atender este tipo de conductas.
El exhorto propone acompañar estas campañas con capacitación especializada para el personal docente, con el objetivo de proteger a posibles víctimas y evitar que se encubran agresiones digitales.
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