El diputado Éctor Jaime Ramírez Barba advirtió que la iniciativa aprobada por el grupo parlamentario de Morena en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados podría generar saturación en instituciones como el IMSS, al permitir que los beneficiarios de IMSS-Bienestar reciban atención en el régimen ordinario sin un incremento presupuestal adicional.
Según el legislador, la reforma forma parte de la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para crear un esquema de intercambio de servicios entre instituciones públicas de salud, con el fin de que toda la población —tenga o no seguridad social— pueda acceder a cualquier unidad del sistema. Sin embargo, afirmó que el proyecto no garantiza la homologación de servicios, ni resuelve la diferencia en el gasto por paciente entre instituciones como IMSS, ISSSTE, PEMEX, CFE y Fuerzas Armadas.
El diputado señaló que la iniciativa no plantea un aumento de inversión y que la carga financiera recaería en los trabajadores que aportan cuotas al IMSS. Aseguró que el esquema podría reducir la capacidad de operación del régimen ordinario, debido a que IMSS-Bienestar presenta “niveles críticos de calidad” y registra una baja afluencia de pacientes.
Ramírez Barba indicó que el personal médico ya enfrenta altas cargas de trabajo, particularmente en unidades del IMSS y en institutos nacionales como los de cancerología y cardiología. De acuerdo con su posicionamiento, la saturación actual ha derivado en retrasos en cirugías y en servicios diferidos.
El legislador también sostuvo que la propuesta no implica una universalización efectiva del derecho a la salud ni una integración plena de las instituciones públicas, al no contemplar estrategias de fortalecimiento presupuestal ni mecanismos para mejorar estándares de atención. Afirmó que este planteamiento se suma a las fallas observadas en el INSABI y en IMSS-Bienestar desde su creación.
Para contextualizar el financiamiento, recordó que el extinto Seguro Popular operaba mediante una cuota social que asignaba recursos según el número de personas sin seguridad social. Explicó que, tras su desaparición, el presupuesto se vinculó a la inflación y no a la demanda real de atención médica, lo que redujo la disponibilidad de recursos por persona.
El legislador destacó que, en 2012, el gasto por persona sin seguridad social fue de 6,273 pesos, mientras que para 2025 bajó a 4,490 pesos. Dijo que este ajuste presupuestal incidió en que 24 millones de personas quedaran sin acceso a servicios públicos de salud, de acuerdo con sus estimaciones.
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