El coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Elías Lixa Abimerhi, informó que su bancada presentará el próximo martes una reforma constitucional y una Ley General de Protección a la Protesta Pacífica, con el objetivo de garantizar este derecho y establecer límites claros a la actuación del Estado. La propuesta fue adelantada por el dirigente nacional del partido, Jorge Romero.
Lixa señaló que la iniciativa plantea modificar el artículo 9 constitucional para reconocer explícitamente el derecho de reunión y protesta pacífica en espacios físicos y entornos digitales. También contempla obligaciones para que las autoridades respeten, protejan y faciliten el ejercicio de este derecho.
Reformas constitucionales y facultades del Congreso
El legislador detalló que la propuesta incluye cambios al artículo 73 para facultar a la Cámara de Diputados a expedir una Ley General en la materia. Este ordenamiento establecería reglas específicas para la actuación policial y mecanismos de supervisión institucional.
Entre los elementos centrales, expuso que el proyecto incorpora restricciones al uso de tecnologías de vigilancia digital, como el reconocimiento facial o la geolocalización, y prohíbe la filtración de datos personales, la estigmatización y cualquier forma de represalia contra personas manifestantes.
Lineamientos para autoridades y rendición de cuentas
De acuerdo con la información proporcionada, la Ley General prevé la investigación de oficio en casos de violencia o abuso de autoridad durante protestas, así como la obligación de garantizar rendición de cuentas y procesos de reparación para quienes resulten afectados.
Lixa afirmó que Acción Nacional busca fortalecer el marco jurídico para asegurar que la libre expresión y la protesta se ejerzan sin intimidación. “El derecho a protestar es un derecho humano; quien tiene que estar limitado es el Estado”, expresó. Añadió que las manifestaciones pacíficas “no pueden presumirse violentas”.
El coordinador parlamentario sostuvo que su bancada mantendrá la defensa de las libertades, particularmente entre juventudes y colectivos ciudadanos, ante lo que señaló como prácticas de criminalización y restricciones al ejercicio de derechos.
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