El Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por el coordinador Rubén Moreira Valdez, denunció este 19 de noviembre la existencia de “presos políticos” tras las detenciones ocurridas durante las manifestaciones del fin de semana en la Ciudad de México y en Jalisco. El legislador afirmó que más de tres decenas de personas fueron trasladadas al penal de Puente Grande, y exigió su liberación inmediata.
Durante la conferencia, Moreira sostuvo que el gobierno federal “persigue a las y los manifestantes” y aseguró que hubo “montajes” para justificar el uso de la fuerza pública. Afirmó que la movilización respondió al “hartazgo social” derivado de la violencia, mencionando los homicidios de Carlos Manzo y del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, como ejemplos recientes no esclarecidos.
El coordinador parlamentario acusó al gobierno capitalino de desviar el cauce de la marcha hacia la calle 5 de Mayo, donde —según dijo— aparecieron grupos “provocadores” equipados con herramientas como esmeriles y barras metálicas, lo que derivó en enfrentamientos. También dijo que la actuación policial se realizó “fuera de protocolos”, con el uso de gas lacrimógeno.
Priístas anuncian exigencias en materia de seguridad
Moreira informó que el PRI solicitará formalmente la comparecencia del Gabinete de Seguridad en la Cámara de Diputados. La petición incluye a titulares de la Defensa, Marina, Seguridad, Guardia Nacional y Centro de Inteligencia. La bancada argumenta que el país enfrenta un deterioro en materia de seguridad y que es necesario evaluar la estrategia federal.
El coordinador también acusó a varios gobiernos estatales de no participar en las tareas de seguridad, mencionando los casos de Michoacán, Guerrero, Veracruz y Puebla. Sostuvo que la Cámara de Diputados “no puede ser omisa” en el seguimiento y evaluación de la política de seguridad nacional.
Críticas a política social y atención médica
Previo a la comparecencia de la titular de Bienestar, Moreira señaló inconsistencias en los datos oficiales sobre programas sociales y afirmó que más de 44 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud. Señaló que este fenómeno es “especialmente grave” en entidades como Hidalgo, Oaxaca, Chiapas y Veracruz.
En el intercambio con medios, el coordinador reiteró que las detenciones del fin de semana configuran “presos políticos”, comparando los delitos imputados con los utilizados en el movimiento estudiantil de 1968. También afirmó que el “bloque negro” que irrumpió en la marcha opera desde 2012 y exigió que el gabinete explique públicamente su origen.
En torno a los apoyos legales, Moreira informó que el PRI nacional y la bancada han puesto a disposición de las personas detenidas un equipo jurídico. Hasta ahora —dijo— al menos ocho personas han solicitado acompañamiento legal.
Finalmente, al responder sobre el mensaje dirigido a la juventud, el legislador insistió en que manifestarse es un derecho constitucional y pidió que las autoridades aclaren su actuación. Sostuvo que los hechos del fin de semana muestran un quiebre en la relación entre el gobierno y las y los ciudadanos que protestan.
Más información
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.