En el marco de la comparecencia de la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, diputadas y diputados del Grupo Parlamentario del PRI expusieron sus posicionamientos sobre la política social del actual gobierno federal, durante la sesión del 19 de noviembre de 2025 en la Cámara de Diputados.
El diputado Christian Castro Bello señaló que, pese a la afirmación gubernamental sobre la disminución de la pobreza, los datos del INEGI y organizaciones independientes muestran rezagos en salud, vivienda, agua potable y servicios básicos. Indicó que la transferencia de funciones del Coneval al INEGI puso “en riesgo la independencia” de la medición de pobreza, y cuestionó la ausencia de un órgano autónomo que valide los resultados.
Castro Bello sostuvo que 44.5 millones de personas carecen de acceso a servicios de salud y que entidades como Chiapas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo mantienen los niveles más altos de pobreza multidimensional. También solicitó explicaciones sobre los programas dirigidos a la primera infancia, así como los mecanismos para evaluar su impacto.
La diputada Abigail Arredondo Ramos afirmó que, aunque el PRI respalda los programas sociales, existen inconsistencias entre las cifras oficiales y la realidad documentada por el INEGI. Señaló que 32 millones de personas continúan en pobreza, de las cuales 7 millones están en pobreza extrema, y que la carencia por acceso a la salud aumentó de 16% a 34% desde 2018. Mencionó casos de irregularidades detectadas por la Auditoría Superior de la Federación, como apoyos entregados a personas que no cumplían con los requisitos legales.
Arredondo advirtió sobre incrementos en el gasto en medicamentos, la reaparición de enfermedades prevenibles y el aumento de la deserción escolar, que afectó a más de 500 mil estudiantes desde 2018. Preguntó a la secretaria los mecanismos implementados para garantizar que las pensiones y apoyos lleguen a quienes cumplen los criterios correspondientes.
En su intervención final, el diputado Víctor Samuel Palma César destacó la necesidad de transparencia absoluta en los padrones de beneficiarios y la aclaración de observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Señaló que el incremento en ingresos no compensa el aumento de personas sin acceso a salud y seguridad social, situación que “empuja a la población hacia servicios privados”.
Palma argumentó que el actual esquema de transferencias económicas, sin mejoras proporcionales en servicios públicos, reproduce una lógica “profundamente neoliberal”, y subrayó que los estados con mayor rezago mantienen altos niveles de pobreza pese a la dispersión de recursos. Concluyó que la orientación y efectividad de los programas debe revisarse para evitar un uso con fines clientelares.
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