Durante una conferencia de prensa en la Cámara de Diputados, el Grupo Parlamentario del PRI, encabezado por la diputada Xitlalic Ceja García, denunció el incremento de la violencia en Michoacán y responsabilizó al Gobierno Federal por lo que calificaron como una falta de estrategia y atención institucional ante la crisis de seguridad.
Ceja García afirmó que la situación en el estado “no cayó en el abandono por culpa del pasado, sino por culpa de Morena”, y señaló que los alcaldes gobiernan con miedo, mientras los ciudadanos enfrentan extorsiones, cobros de piso y balaceras. La legisladora destacó la presencia del diputado local Guillermo Valencia, coordinador del PRI en Michoacán, para ampliar sobre la problemática.
Valencia recordó que, a diferencia de los operativos implementados por administraciones anteriores, como el “Operativo Conjunto Michoacán” de 2006 y el “Plan Michoacán” de 2013, la actual estrategia carece de presupuesto extraordinario y se limita a “presumir obras ya en proceso”. Aseguró que no existe un plan real de seguridad y criticó la respuesta del Gobierno Federal ante el asesinato del alcalde Carlos Manzo, de Uruapan.
“El operativo que debía protegerlo falló. La Guardia Nacional no está capacitada para la protección de funcionarios”, expresó. Añadió que el homicidio de Manzo “fue consecuencia de la indolencia” y exigió que se investigue una posible línea política detrás del crimen.
El legislador pidió al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, y a la presidenta Claudia Sheinbaum, detener a los responsables de los asesinatos de Hipólito Mora, Bernardo Bravo y Carlos Manzo, cuyos casos —dijo— siguen impunes. “Fue el Estado el que estuvo detrás del artero asesinato de un gran líder”, acusó Valencia.
El diputado también cuestionó la consistencia del Plan Michoacán, al señalar que el documento oficial presenta errores e incongruencias, como la inclusión de números telefónicos distintos al 089 para denuncias ciudadanas y la disminución de beneficiarios en los programas sociales anunciados. “Hablan de mil proyectos, pero sólo registran 700 beneficiarios”, indicó.
Sobre la reacción ciudadana, Valencia informó que en Uruapan marcharon más de 100 mil personas en protesta por la violencia, lo que consideró una muestra de la indignación generalizada. Subrayó que siete alcaldes han sido asesinados en la actual administración estatal y que Michoacán se mantiene entre los cinco estados más violentos del país, de acuerdo con cifras de la Comisión Nacional de Seguridad Pública.
Finalmente, los legisladores priistas llamaron al Gobierno Federal y estatal a revisar su estrategia de seguridad y a garantizar justicia para las víctimas de homicidio, señalando que la impunidad y la omisión institucional han profundizado la crisis en Michoacán.
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