La Cámara de Diputados aprobó en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2026, con un monto total de 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, cifra que representa un récord histórico de gasto público en México y un incremento de 891 mil 667.9 millones de pesos respecto al ejercicio fiscal anterior. La votación concluyó en la madrugada del jueves, tras un maratónico debate que inició el martes y se extendió por más de 24 horas en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
El dictamen fue aprobado con 355 votos a favor, 132 en contra y cero abstenciones, respaldado exclusivamente por el bloque mayoritario conformado por Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT). La coalición oficialista rechazó la totalidad de las 1,733 reservas presentadas por los grupos parlamentarios de oposición, que buscaban modificar diversos aspectos del presupuesto, particularmente en materia de seguridad pública, agricultura y distribución de recursos hacia estados y municipios.
Reasignación de 17.7 mil millones entre ramos
El elemento central del presupuesto aprobado fue un movimiento compensatorio de 17 mil 788.1 millones de pesos, que implicó reducciones a organismos autónomos para redirigir esos recursos hacia dependencias del Poder Ejecutivo. El Poder Judicial de la Federación absorbió el recorte más significativo, con una reducción de 15 mil 805.1 millones de pesos, que afectó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (661 millones), al Órgano de Administración Judicial (1,056 millones) y al Tribunal Electoral (260 millones).
Otros organismos afectados incluyen al Instituto Nacional Electoral (INE), con un recorte de mil millones de pesos, y la Fiscalía General de la República (FGR), que vio reducido su presupuesto en 933 millones de pesos. Estos tres organismos concentraron más del 88 por ciento del total de las reducciones aplicadas a los ramos autónomos.
Los recursos reasignados se destinaron prioritariamente a Educación Pública, que recibió la mayor ampliación con 10 mil 842.6 millones de pesos, incluyendo subsidios para organismos descentralizados estatales y recursos para el Instituto Politécnico Nacional. Otros incrementos significativos fueron para Ciencia, Humanidades y Tecnología e Innovación (2,500 millones), Cultura (1,985.5 millones) y Medio Ambiente y Recursos Naturales (1,500 millones).
Críticas de oposición por endeudamiento y recortes
Durante el debate, legisladores de oposición criticaron duramente el proyecto presupuestal. La diputada Claudia Ruiz Massieu Salinas (MC) lo calificó como «irresponsable, mentiroso y va a lastimar a los mexicanos de hoy y a los de mañana», argumentando que endeudaría más al país mientras resta recursos a salud, seguridad, justicia, cultura y campo. Por su parte, el diputado Mario Zamora Gastélum (PRI) cuestionó el nivel de endeudamiento, señalándolo como el más grande en la historia de México.
Entre las reservas rechazadas destacaron propuestas para redirigir 7 mil millones de pesos hacia la producción de maíz y trigo, 3 mil millones adicionales para fortalecer la seguridad en ciudades afectadas por la violencia, y un recorte de 100 mil millones de pesos al sector energético para reorientarlos al Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública. Ninguna de estas propuestas prosperó ante el voto unificado de la mayoría.
Defensa del bloque oficialista
Los legisladores de la coalición gobernante defendieron el presupuesto argumentando que está orientado al beneficio del pueblo mexicano y a la consolidación de derechos sociales. La diputada Cindy Winkler Trujillo (PVEM) destacó que el sector educativo contempla 513 mil millones de pesos, lo que representa un incremento real del 6.4 por ciento respecto a 2025, consolidando el derecho a una educación inclusiva e integral.
En materia de seguridad, el dictamen aprobado incluye un incremento de 11 mil 120.7 millones de pesos para Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior, equivalente a un aumento del 17.6 por ciento en términos reales. Sin embargo, estos recursos se concentran en estructuras federales de seguridad, desestimando las solicitudes de la oposición para fortalecer el financiamiento municipal y estatal en esta materia.
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