El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma legal para prohibir la coacción o amenazas por parte de funcionarios sobre trabajadores en las elecciones sindicales. Las reformas a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (artículo 69 Bis) y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas (artículo 64 Quáter) fueron avaladas por 101 votos a favor de senadores de todos los partidos. La minuta fue turnada a la Cámara de Diputados para su análisis.
Conductas consideradas injerencia sindical grave
El nuevo articulado establece que será responsable de «injerencia sindical grave» la persona servidora pública que incurra, por sí o por terceros, en conductas como:
- Coaccionar, inducir o amenazar a trabajadores o agremiados para participar o abstenerse de participar en eventos de campaña sindical o para votar por una planilla o sindicato determinado.
- Ejercer presión o intimidación jerárquica sobre subordinados para que expresen apoyo o rechazo a una candidatura sindical.
- Obligar o condicionar la asistencia a actos, mítines o reuniones sindicales con fines de proselitismo.
- Condicionar la prestación de servicios institucionales, apoyos o permisos laborales a la emisión del voto o apoyo a una planilla sindical.
- Ofrecer beneficios laborales, ascensos o promociones a cambio de apoyo o voto sindical.
Además, queda prohibido destinar o permitir el uso de fondos, bienes o personal institucional para favorecer o perjudicar a determinada planilla, así como realizar o solicitar contribuciones a subordinados para financiar campañas.
Sanciones y baja sindicalización
El senador morenista Alfonso Cepeda Salas, promotor de la reforma y secretario general del SNTE, explicó que la violación a la ley implicará sanciones que incluyen la suspensión temporal del cargo, destitución o inhabilitación de uno a 20 años, además de sanciones económicas, sin perjuicio de las políticas o penales. «La sanción constituye una medida preventiva para que las personas servidoras públicas no cedan a la tentación de interferir en la vida interna de los sindicatos”, sostuvo.
La senadora de Movimiento Ciudadano, Alejandra Barrales, señaló que en el país prevalecen esquemas laborales que limitan la organización colectiva. Indicó que de 60 millones de trabajadores, solo 5 millones (apenas el 8%) están sindicalizados, lo que considera una «señal clara de cómo se ha limitado este derecho». La senadora del PAN, Ivideliza Reyes, dijo que la reforma refrenda el compromiso con una «democracia sindical libre de imposiciones».
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