El ministro de Relaciones Exteriores de Perú, Hugo de Zela, anunció que el gobierno de transición se tomará «unos días» para analizar «a fondo» la Convención de Caracas, que regula el asilo político, antes de decidir si otorga el salvoconducto a la ex primera ministra Betssy Chávez. Chávez, procesada en Perú junto al expresidente Pedro Castillo por rebelión y conspiración, se encuentra asilada en la embajada de México en Lima.
«El problema del asilo y el problema del salvoconducto son problemas jurídicos complejos que requieren un análisis muy a fondo, en eso estamos», dijo De Zela en una entrevista publicada este miércoles. El canciller precisó que solicitó al área jurídica realizar un «análisis a fondo de la Convención de Caracas», viéndola en su conjunto, ya que la Convención establece límites al asilo en casos de delitos comunes.
Críticas a México e injerencia en asuntos internos
El canciller peruano reiteró sus críticas al gobierno de México, presidido por Claudia Sheinbaum, señalando que ha adoptado «una postura ideologizada sobre lo que ocurre en el Perú», lo cual, a su juicio, es la raíz del problema diplomático.
«El gobierno de México pretende decirle al Perú lo que tenemos que hacer y eso es absolutamente inaceptable. Eso es injerencia en asuntos internos», indicó De Zela.
Perú defiende que Chávez no está siendo procesada por sus ideas, sino por presuntamente haber cometido un delito. «A la señora Betssy Chávez no se le está procesando por sus ideas. Se le está procesando porque existe la presunción de que cometió un delito. Es totalmente distinto», declaró el ministro.
Descartan asalto a embajada; plazo para decisión
De Zela descartó categóricamente cualquier operación policial o militar en la sede diplomática mexicana, donde Chávez está desde el lunes, zanjando rumores tras el asalto a la embajada de México en Quito el año pasado. «El Perú es un país respetuoso del derecho internacional. Nosotros no vamos a entrar por la fuerza en la embajada de México. Eso simplemente no va a ocurrir», sentenció.
El presidente interino de Perú, José Jerí, estimó que la postura definitiva del país sobre el salvoconducto se podría conocer «probablemente» este viernes. El asilo de Chávez fue concedido por el gobierno de México frente a un juicio en el que la Fiscalía peruana solicita 34 años de prisión para Castillo y 25 años para la ex primera ministra. El gobierno peruano rompió relaciones diplomáticas con México el lunes, aunque las relaciones ya funcionaban sin embajadores desde inicios de 2023.
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