El diputado federal Alejandro Domínguez Domínguez, del PRI, presentó en la Cámara de Diputados una iniciativa para establecer un protocolo nacional de prevención, atención y resolución de conflictos escolares. La propuesta busca garantizar procesos justos y respetuosos del debido proceso, con asesoría jurídica para todo el personal educativo.
Salvaguarda de derechos en las comunidades escolares
El legislador explicó que el proyecto adiciona el artículo 126 Bis a la Ley General de Educación con el fin de proteger los derechos de niñas, niños, adolescentes, docentes, personal administrativo, madres y padres de familia. Subrayó que las autoridades educativas locales deberán armonizar su normativa y generar protocolos estatales específicos que aseguren el respeto a los derechos humanos de toda la comunidad escolar.
Domínguez destacó que el equilibrio legal debe reconocer la complejidad del entorno escolar. “El respeto a los derechos de niñas, niños y adolescentes no puede lograrse a costa de vulnerar los derechos fundamentales de quienes les educan”, señaló.
Consultas y participación de docentes
La iniciativa también contempla que la autoridad educativa convoque a foros de consulta, mesas de diálogo y mecanismos de participación directa, a fin de considerar las opiniones del personal docente y de apoyo en la construcción de dichos protocolos.
El legislador advirtió que la ausencia de un marco legal claro ha provocado vulneraciones a los derechos fundamentales del personal educativo, lo que ha derivado en afectaciones personales, familiares, administrativas, jurídicas y sociales.
Testimonios y denuncias
La propuesta se originó a partir de testimonios de maestras, maestros y personal de apoyo que han manifestado su preocupación por la falta de lineamientos claros para salvaguardar su integridad física, emocional y laboral en contextos de denuncia o conflicto.
Domínguez agregó que en algunos casos se han registrado denuncias infundadas o maliciosas, que afectan la dignidad y estabilidad laboral de las y los trabajadores de la educación. “No son casos aislados. Representan una realidad sistemática que afecta la dignidad y la estabilidad emocional y laboral de miles de trabajadoras y trabajadores de la educación en el país”, afirmó.
Confianza en las instituciones
Finalmente, el diputado priista subrayó que la reforma busca recuperar la confianza del magisterio en las instituciones, evitar la criminalización preventiva, fortalecer la cultura de la denuncia responsable y promover entornos escolares seguros donde se respeten los derechos de todas las personas.
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