El Grupo Parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados votó a favor de la reforma al artículo 73 de la Constitución en materia de extorsión, pero exigió que sea el punto de partida para una Ley General con visión nacional, presupuesto suficiente y resultados reales.
Reforma constitucional y cifras de denuncia
Al fijar postura en la sesión ordinaria del 9 de septiembre de 2025, el diputado Alejandro Domínguez destacó que, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Victimización 2023 del INEGI, la cifra negra de extorsión alcanzaba 97.2%, es decir, solo una de cada diez víctimas denuncia.
“Combatir la extorsión no es solo una obligación legal, es una responsabilidad moral y política con el pueblo de México”, señaló el legislador, quien advirtió que el delito se ha convertido en una herramienta de control territorial y financiero del crimen organizado.
Propuestas del PRI
Domínguez llamó a que la futura ley no se limite a sanciones, sino que incluya prevención, atención a víctimas y reparación del daño.
La diputada Nadia Navarro subrayó que la extorsión afecta a municipios, productores y empresas, con casos registrados incluso desde penales. Pidió un presupuesto suficiente que supere el rezago en la impartición de justicia: “Decimos no al populismo punitivo. Se trata de construir una política pública integral, coordinada y con resultados tangibles”.
Por su parte, el diputado Luis Gerardo Sánchez insistió en que la ley debe contemplar una dimensión humana de la seguridad, con atención en salud mental y medidas para proteger los datos de la ciudadanía. Además, planteó la corresponsabilidad de los tres niveles de gobierno.
El PRI afirmó que acompañará el dictamen, pero con reservas claras y con la exigencia de que la ley se convierta en una política de Estado contra la extorsión.
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