El Congreso de Campeche aprobó en sesión extraordinaria una reforma a la Ley de Expropiaciones y Limitaciones al Derecho de Propiedad, impulsada por el Ejecutivo estatal y avalada por la bancada de Morena, con la que se establecen nuevas reglas para la ocupación y toma de posesión de bienes particulares bajo la figura de “utilidad pública”.
La reforma fue aprobada por mayoría simple y contempla procedimientos, modalidades y ejecución de expropiaciones, ocupaciones temporales, servidumbres administrativas y limitaciones de dominio. De acuerdo con la justificación oficial, la medida responde a la falta de reserva territorial en el municipio de San Francisco Campeche para la construcción de vialidades y vivienda social.
Sin embargo, integrantes de la mayoría legislativa reconocieron que la ley tiene un destinatario particular: el exgobernador y actual dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas. “A qué le teme la oposición, Moreno, como todo México lo sabe y muchos ligados al gobierno han comprado grandes superficies de tierras […] casi regalados por favores políticos”, declaró la diputada del PT, Ana María López.
La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, ha denunciado en diversas ocasiones que Moreno posee propiedades en zonas exclusivas de alta plusvalía. Según información de la Fiscalía General del Estado, existe una carpeta abierta desde 2022 por presunto enriquecimiento ilícito contra el dirigente priista, quien reportó en su declaración patrimonial 13 propiedades, entre ellas dos casas y 11 terrenos adquiridos entre 2012 y 2021.
El Artículo 1 Bis fracción III de la reforma establece que la declaratoria de utilidad pública será publicada en el Periódico Oficial del Estado y notificada a los titulares. En caso de no ser localizables o no responder en cinco días, el gobierno podrá tomar posesión del bien. Asimismo, el Artículo 18 indica que, una vez decretada la expropiación, las secretarías competentes podrán ejecutar de inmediato la ocupación y las obras correspondientes.
Diputados de Morena defendieron la reforma como una medida de redistribución. “Una de ellas también es la equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclusiva de una o varias personas o con perjuicio de la colectividad”, sostuvo el legislador Antonio Jiménez Gutiérrez.
En contraste, la oposición advirtió que la norma deja sin defensas a los ciudadanos. La diputada priista Delma Rabelo señaló que las declaratorias de utilidad pública no admiten recurso administrativo ni impugnación, y cuestionó la posibilidad de recurrir a amparos: “Qué amparo, qué recurso va a utilizar la ciudadanía para defenderse de esto, si tienen al poder judicial a su servicio”, acusó.
De esta manera, mientras Morena sostiene que la ley busca garantizar terrenos para proyectos de desarrollo y vivienda, las bancadas opositoras denuncian que se trata de un instrumento que pone en riesgo el patrimonio privado al quedar sujeto a la decisión del gobierno estatal.
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