El diputado Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara de Diputados, presentó una iniciativa para garantizar que el acceso a las playas marítimas y a la zona federal marítimo-terrestre sea libre, gratuito y permanente para todas las personas.
La propuesta, publicada este miércoles en la Gaceta Parlamentaria, plantea adicionar un artículo 8 Bis, reformar el 127 de la Ley General de Bienes Nacionales y modificar el 56 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente.
Condiciones de acceso
El documento establece que las autoridades de los tres niveles de gobierno deberán garantizar accesos seguros, señalizados y con servicios básicos desde las vías públicas hacia las playas. Además, se prohíbe el cobro de cuotas o restricciones para ingresar, salvo por razones de protección ambiental, seguridad pública o interés nacional.
También se contempla que las concesiones en zonas federales marítimo-terrestres deberán asegurar el acceso público, y el incumplimiento será causa de revocación.
Acceso a áreas naturales
La iniciativa agrega que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) deberá garantizar al menos un día a la semana de entrada gratuita a Áreas Naturales Protegidas, preferentemente domingos o días festivos.
Argumentos de la propuesta
Monreal sostuvo que las medidas de conservación ambiental no deben convertirse en barreras excluyentes ni en formas de privatización indirecta del patrimonio natural. Señaló que en varios estados se han impuesto cobros y bloqueos en accesos a playas, lo que contradice los artículos 4 y 27 de la Constitución.
Mencionó que estas restricciones generan descontento social, disminución del turismo regional y afectan a comunidades costeras. Como ejemplo, citó el caso de Tulum, Quintana Roo, donde accesos a playas dentro de Áreas Naturales Protegidas han sido limitados bajo el argumento de conservación, beneficiando a intereses particulares.
El legislador concluyó que es necesario un rediseño institucional que separe el financiamiento de la protección ambiental de los derechos de acceso público.
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